Melissa Velsquez Loaiza

Nota del editor: Jorge Rojas es director del Observatorio de Seguimiento a la Implementacin del Acuerdo de Paz (OIAP) y, actualmente, candidato por Colombia Humana (de izquierda) a la alcalda de Bogota. (A realizarse el 27 de octubre de 2019).

(CNN Espaol) — Los gritos de pavor e impotencia del hijo de nueve aos de Mara del Pilar Hurtado, minutos despus de que los sicarios asesinaran a su mam en medio de una calle, reflejan el nivel de degradacin de la violencia en Colombia.

La historia de la violencia en Colombia est asociada con la historia de la tenencia, el uso de la tierra y la dominacin poltica de partidos que representan los intereses de quienes acaparan las tierras ms frtiles del pas.

Grupos guerrilleros que desde el siglo pasado emergieron como resistencia armada para defender la tierra, grupos paramilitares que se organizaron para proteger los intereses de los tradicionales dueos de la tierra y, despus para acaparar ms tierras, y un Estado ausente o complaciente con los ms poderosos, reflejan un estado de cosas que se prolonga de manera cclica en Colombia.

El Estado persiste en esa guerra porque los dirigentes polticos tradicionalmente se han identificado con los terratenientes y con las oligarquas que son, en ltima instancia, los que ocasionan estos sangrientos fenmenos. Hay sectores polticos y ganaderos, que durante el periodo de la guerra contra la guerrilla de las Farc patrocinaron movimientos paramilitares que ensangrentaron an ms el pas. Ms de 30 congresistas fueron juzgados por estar aliados con los paramilitares

La Justicia Especial para la Paz (JEP), un tribunal que surgi del Acuerdo y que est en la mira de quienes no quieren que se sepa la verdad, est juzgando a los financiadores y actores de la guerra y ha recibido escandalosos testimonios de algunos militares que han despertado rechazo de la gente. Segn estas declaraciones, algunos militares del Ejrcito han revelado que para falsear y engaar sobre los resultados de la guerra, hicieron pasar por guerrilleros a civiles que fueron ejecutados en estado de indefensin.

Este ao se celebran 200 aos de la independencia. En el ltimo siglo en Colombia han muerto cientos de miles de personas en conflictos armados, ms de 7 millones han sido desplazadas. Esta tragedia humanitaria ubica a Colombia como lder mundial en desplazamiento interno, superando a Siria, que an vive una cruenta guerra civil y Colombia haber firmado un acuerdo de paz.

Un reciente informe de la Misin de Verificacin de la ONU indica que desde la firma de los acuerdos de La Habana, en 2016, se han registrado 150 agresiones, incluyendo los asesinatos de 123 excombatientes, 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio.

El smbolo del desacato a los acuerdos con la guerrilla de las Farc qued representado en Dimar Torres, un excombatiente que trabajaba en el campo y le cumpla a la paz y cuyo cadver, con varios disparos en la cabeza, fue encontrado por la comunidad en manos de militares que intentaban hacer desaparecer su cuerpo.

En el informe de la Misin de Verificacin se aborda otra situacin “profundamente preocupante” relacionada con el asesinato de lderes sociales, 230 desde la firma de los pactos de Paz, ciudadanos indefensos y honestos que lucharon en sus comunidades pobres por la defensa del medio ambiente, contra la minera indiscriminada o liderando procesos de restitucin de tierras, arrebatadas durante la guerra.

  • Mira: “Quebrantos”, la instalacin que honra a los lderes sociales asesinados en Colombia

Carteles internacionales de la droga que desafan la democracia

Los campesinos sin tierra encuentran en la coca una forma de subsistencia y hoy constituyen la “base social” de los narcotraficantes. La poltica prohibicionista ha sido un fracaso. Fumigar con glifosato los cultivos de coca, perseguir con soldados y policas a los cultivadores y penalizar a los consumidores, provoc la diseminacin de cultivos, la fragmentacin de los carteles y no impidi el crecimiento del consumo interno.

En algn momento confluyen dueos de extensos latifundios improductivos o dedicados a la ganadera extensiva, narcotraficantes que lavan sus dineros adquiriendo ms tierras y polticos que garantizan desde el Estado la prolongacin de este sistema perverso.

Lo nuevo es que el factor determinante ahora no son los polticos o los dueos de la tierra sino las mafias del narcotrfico que se conectan ms all de las fronteras y que ponen en juego la institucionalidad, la democracia y la frgil paz que se firm en La Habana.

Como lder social en derechos humanos y candidato, le pido a la prensa del mundo que se ocupe de esta ola de exterminio. En Colombia, algunos propietarios de los conglomerados que ostentan el poder de los grandes medios estn acusados de financiar actores ilegales de la guerra.

Colombia sigue en la encrucijada: firma un acuerdo de paz que no se cumple por parte del actual gobierno que tambin le quita recursos a la paz al reducir en 30% del presupuesto a la JEP al tiempo que se apresta a reiniciar fumigaciones de cultivos de coca; el pas est ad-portas de unas elecciones territoriales que, en algunas regiones, no sern un ejercicio democrtico, sino una expresin de la lucha por el poder local entre mafias que controlan el negocio de las drogas. Todo esto en un contexto critico de homicidios, desplazamiento y cruenta violencia en las zonas de “postconflicto”.