Por Devan Cole, CNN

Dos jueces federales —Joseph Laplante de New Hampshire y Deborah Boardman de Maryland— exigen que el gobierno aclare por escrito si cree que los funcionarios pueden comenzar pronto a deportar bebés bajo el decreto de Trump sobre ciudadanía por nacimiento.

Las preguntas llegan días después de que la Corte Suprema, en un fallo que limitó el poder de los tribunales inferiores para emitir medidas cautelares universales, suspendiera durante 30 días la orden del primer día de Trump.

Boardman le dijo al abogado del Departamento de Justicia Brad Rosenberg que la postura del Gobierno es “importante” mientras considera si debe emitir una decisión de emergencia que bloquee el decreto.

“Quiero saber si el gobierno cree que puede comenzar a deportar niños de Estados Unidos que están sujetos a los términos de la orden ejecutiva y que no son los demandantes ni miembros de las organizaciones demandantes”, dijo la jueza el lunes.

Boardman dijo que quería que el Departamento de Justicia le informara antes del mediodía del martes “la opinión del Gobierno sobre lo que puede y no puede hacer bajo el decreto de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema”.

Su interés en saber si la orden podría aplicarse ahora surgió después de que un abogado de los demandantes en el caso —dos grupos de derechos de los inmigrantes y varias mujeres embarazadas— argumentara que a pesar de que la Corte Suprema suspendió la aplicación de una parte clave del decreto, el Gobierno podría apoyarse en otras disposiciones para deportar a algunos recién nacidos.

Rosenberg le dijo luego a Boardman que su “entendimiento es que el decreto no estará en vigor durante 30 días”, pero la jueza pareció algo escéptica sobre la veracidad de su comentario.

“No sé qué hará o no hará EE.UU. respecto a los niños bajo el decreto después del 26 de julio”, cuando entra en vigor, dijo Boardman. “Estoy tratando de averiguar cuál es la postura del Gobierno ahora y si el Gobierno intentará aplicar el decreto entre hoy y el 26 de julio”.

Boardman, designada por el expresidente Joe Biden y que ejerce en la corte federal de Greenbelt, Maryland, había bloqueado previamente y de forma indefinida el decreto de Trump sobre ciudadanía por nacimiento mediante una medida cautelar a nivel nacional. Pero, el viernes, la Corte Suprema limitó la capacidad de los jueces de tribunales inferiores para emitir tales resoluciones, aunque también dejó intacta la posibilidad de que los demandantes obtengan un alivio similar mediante demandas colectivas.

Los demandantes presentaron rápidamente su caso como una demanda colectiva y también pidieron una orden de emergencia para bloquear que el decreto de Trump afecte a miembros de una “clase supuesta” de personas que de otra manera se verían impactadas por la política gubernamental.

Rosenberg anunció que el Departamento de Justicia planea oponerse a estas maniobras legales y se espera que presente más argumentos legales por escrito en los próximos días.

Este tipo de litigio podría llevar al mismo resultado que las medidas cautelares a nivel nacional. Durante los argumentos ante la Corte Suprema, varios jueces cuestionaron la importancia de cambiar el énfasis a demandas colectivas. Una diferencia es que un juez generalmente debe considerar quiénes deben estar cubiertos por la orden judicial.

En ese momento, el procurador general D. John Sauer fue cuidadoso de no revelar la postura del departamento cuando los jueces le preguntaron si el gobierno se opondría a la certificación de la clase en los casos contra la orden de Trump.

“No concedo que no nos opondríamos a la certificación de la clase en este caso en particular. Puede haber argumentos de que este caso es o no apropiado para la certificación de clase”, dijo Sauer durante un intercambio con la jueza Amy Coney Barrett, quien finalmente escribió la opinión emitida el viernes.

Presionado por el juez Brett Kavanaugh sobre el tema, Sauer dijo que la postura del gobierno “no es que necesariamente se conceda la certificación de clase”.

“Nuestra posición es que (la certificación de clase) es la vía por la que deben canalizarse este tipo de reclamos”, agregó.

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John Fritze y Molly Reinmann contribuyeron a esta publicación