Por Jimena de la Quintana, CNN en Español

El Congreso de Perú “ha tomado múltiples medidas para debilitar el marco jurídico para enfrentar a organizaciones criminales”, situación ante la cual el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha sido “débil, incapaz o poco dispuesto a actuar”, indicó Human Rights Watch (HRW).

En un informe titulado “Legislar para la impunidad”, la organización señaló que, “en lugar de fortalecer las instituciones públicas”, el Congreso “ha debilitado la independencia y la capacidad de jueces y fiscales, facilitando la expansión del crimen organizado”.

“Este informe concluye que el Congreso peruano ha impulsado medidas legislativas que fortalecen el crimen organizado, lo han hecho con la anuencia del gobierno de Boluarte que, en la mayoría de los casos, no ha observado ninguna ley”, dijo este martes en conferencia de prensa en Lima la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

HRW cita varios ejemplos de leyes aprobadas por el Parlamento, como la que modificó la definición de “crimen organizado” en el Código Penal y excluyó delitos de corrupción. Esta última reforma se produjo en julio de 2024.

Goebertus dijo a CNN que, si bien Perú “no está en las tasas más altas de homicidios a nivel regional”, la tendencia es preocupante.

“Si el Congreso sigue tomando medidas para debilitar al Estado peruano en la lucha contra la criminalidad, lamento creer que lo que va a pasar es que Perú termine estando entre los países con peores indicadores de violencia de toda la región”, alertó.

Según el informe de HRW, en 2024 el país ha registrado la cifra “más alta de homicidios en al menos 7 años”.

El documento cita datos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que indican que los homicidios aumentaron casi un 137 % entre 2018 y 2024, alcanzando los 2.546 homicidios en 2024.

La situación de inseguridad ha llevado al gobierno de Boluarte a declarar estado de emergencia en varias zonas del país y a instruir a la intervención de las Fuerzas Armadas en las calles. Santiago Menna, asistente de investigación sénior de HRW, dijo durante la conferencia de prensa que policías les han hablado de “la inefectividad” de declarar estados de emergencia.

Varias manifestaciones han ocurrido en Lima y otros lugares de Perú, muchas de las cuales terminaron en el Congreso, para reclamar por leyes que, según los inconformes, benefician la criminalidad, lejos de luchar contra ella. En septiembre de 2024, un paro casi dejó sin transporte a la capital peruana, para protestar por los constantes ataques a choferes de transporte público.

CNN solicitó a líderes parlamentarios y al Gobierno un comentario sobre este informe y sigue a la espera.

Según el informe, la corrupción e inestabilidad política, el aumento de la pobreza y la migración, así como la “reducción del espacio cívico” ?es decir, un “ambiente hostil” para los periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos? creado por el Poder Ejecutivo y Legislativo, enmarcan el fenómeno de la criminalidad. HRW sostiene que la mayoría de los congresistas han estado dominados por “intereses personales y la búsqueda del beneficio propio”.

Para HRW, lo que ocurre en el Legislativo no es muy distinto a lo que pasa con “la inestabilidad y la corrupción” en el Poder Ejecutivo, donde ha habido siete presidentes entre 2016 y 2022, muchos de ellos enfrentando investigaciones fiscales.

El informe cita al Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tras visitar Perú en enero de este año manifestó preocupación sobre “procedimientos disciplinarios contra fiscales, propuestas legislativas para modificar el sistema judicial y leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”.

El informe agrega que grupos criminales han expandido su presencia también a la minería. Menciona un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú que señaló que, entre enero de 2015 y febrero de 2025, la minería ilegal se convirtió en la fuente número uno de lavado de activos en el país, alcanzando los casi US$ 6.300 millones de dólares (de un total de US$ 11.500 millones en transacciones ilícitas detectadas).

La organización recomienda modificar o derogar leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen organizado, rechazar proyectos de ley que puedan otorgarle al Congreso “poderes disciplinarios excesivos” sobre jueces, fiscales y autoridades electorales, así como abstenerse de investigarlos “por el contenido de sus decisiones”. Mientras que al Gobierno le plantea “desarrollar e implementar una estrategia de seguridad respetuosa de los derechos humanos” para desmantelar a los grupos criminales.

Para obtener información para este reporte, HRW asegura que realizó entrevistas a 125 personas, incluidos jueces, fiscales, policías, periodistas, defensores ambientales, líderes indígenas y funcionarios gubernamentales, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.

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