Por Merlin Delcid y Michael Rios, CNN

Cristosal, un destacado grupo de derechos humanos crítico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, suspendió sus operaciones en el país, alegando hostigamiento, represión y persecución por parte del gobierno hacia defensores de derechos humanos.

El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, anunció que la organización continuará operando desde Guatemala y Honduras, ya que las acciones del Gobierno de El Salvador han dificultado el desarrollo de su trabajo.

“Nos vemos obligados a elegir entre la prisión o el exilio”, declaró Bullock en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala este jueves.

CNN solicitó comentarios a la presidencia de El Salvador sobre las declaraciones de Bullock.

Bukele ha llevado a cabo una ofensiva de mano dura contra el crimen, que se ha extendido a organizaciones de la sociedad civil y periodistas. El gobierno ha defendido sus acciones al señalar reducciones significativas en la violencia de las pandillas a nivel nacional, pero sus críticos argumentan que esto ha venido acompañado de encarcelamientos masivos y el deterioro de las libertades civiles.

El anuncio de Cristosal se produce casi dos meses después de que una de sus integrantes, la abogada y activista de derechos humanos Ruth Eleonora López, fuera detenida por las autoridades salvadoreñas bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito. López se declaró inocente y solicitó un juicio público.

Los líderes del grupo consideran que su detención no es un caso aislado, sino un punto de inflexión para la organización.

“Con las amenazas que hemos recibido, con la criminalización de Ruth y con las limitadas garantías de seguridad, somos más útiles (a la causa) estando fuera pero en libertad, que arriesgándonos a la cárcel en El Salvador”, afirmó Bullock el jueves.

“Actualmente, El Salvador no ofrece las condiciones necesarias para continuar este trabajo de forma presencial”, agregó Abraham Ábrego, director de litigio de Cristosal.

Cristosal ha operado en El Salvador durante 25 años. Durante el Gobierno de Bukele, ha realizado diversas investigaciones y ha denunciado lo que considera una falta de transparencia, rendición de cuentas, deterioro democrático y violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, el Gobierno ha acusado a organizaciones como Cristosal de ser activistas políticos y de descuidar los derechos de los salvadoreños.

Cristosal es la más reciente organización en ser empujada fuera del país como parte de la ofensiva del Gobierno.

El medio de investigación El Faro ha venido operando en su mayoría en el exilio desde Costa Rica desde 2023. A principios de este año, varios de sus periodistas abandonaron el país anticipando órdenes de arresto debido a su trabajo.

La Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador ha sido otro obstáculo para Cristosal. Esta ley impone un impuesto del 30 % sobre transacciones, desembolsos, donaciones o importaciones en especie que reciban las organizaciones no gubernamentales que se financian desde el extranjero. Según la ley, los fondos recaudados se destinarán a proyectos de interés general o social.

Grupos defensores de derechos humanos describen esta legislación como una amenaza existencial.

“La intención es aplicar la ley de forma discrecional para silenciar e incluso criminalizar a nuestra organización y a otras que defienden los derechos humanos”, señaló Bullock.

“La Ley de Agentes Extranjeros permite a las autoridades, a su criterio, controlar cualquier organización; impone un impuesto a las ONG. Solo el Gobierno decidirá a quién procesar y a quién no”, añadió Ábrego.

La ley da plazo a las ONG hasta el 4 de septiembre para registrarse ante el Ministerio de Gobernación. De no hacerlo, no podrán operar y enfrentarán multas que van desde los US$ 100.000 hasta los US$ 250.000. Cristosal afirmó que ya presentó su solicitud de registro, pero aún no ha recibido respuesta.

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