Por Elizabeth Wolfe y Emma Tucker, CNN

La decisión de la administración Trump de revocar la capacidad de la Universidad de Harvard para inscribir a estudiantes internacionales plantea importantes preguntas sobre el impacto en la comunidad escolar y su investigación académica.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ordenó el fin de la certificación del Programa de estudiantes y visitantes de intercambio de la universidad, lo que impide a la escuela de la Ivy League acoger a estudiantes extranjeros, que constituyen más de una cuarta parte de la población estudiantil.

La medida intensificó drásticamente la disputa que la universidad y la Casa Blanca mantenían por la financiación federal, después de que la administración Trump congelara US$ 2.200 millones en fondos el mes pasado cuando Harvard dijo que no cedería a sus demandas, incluida la reforma de su programa de estudiantes internacionales.

Harvard ha sido la primera institución académica en rebatir los cambios políticos clave que la administración Trump ha exigido a las universidades de élite estadounidenses. La universidad ha calificado de “ilegal” la medida del DHS de prohibir a la universidad la inscripción de estudiantes internacionales y dice que está trabajando “para proporcionar rápidamente orientación y apoyo a los miembros” de la comunidad.

Estas son algunas de las respuestas a las preguntas clave sobre cómo la decisión podría afectar a Harvard:

En el curso académico 2024-2025, había 6.793 estudiantes internacionales matriculados en la Universidad de Harvard, lo que representa aproximadamente el 27 % de su matrícula total.

La decisión del DHS afectará a una parte sustancial de la comunidad universitaria, con una población académica internacional de 9.970 personas, según la escuela.

Harvard afirma que está “comprometida a mantener nuestra capacidad de acoger a nuestros estudiantes y académicos internacionales, que proceden de más de 140 países y enriquecen a la universidad y a esta nación”, según un comunicado publicado en su sitio web.

En una carta a Harvard, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem dijo que la revocación de la certificación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio (SEVS, por sus siglas en inglés) de la escuela significa que se le prohíbe inscribir a cualquier “extranjero con estatus de no inmigrante F o J” para el próximo año académico.

También significa que los estudiantes extranjeros existentes con ese estatus “deben trasladarse a otra universidad para mantener su estatus de no inmigrante”, dice la carta.

Las instituciones educativas están obligadas a contar con la certificación SEVP del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para poder admitir a solicitantes que tengan un visado de estudiante F-1 o M-1. Las instituciones deben proporcionar al SEVP información básica actualizada sobre cada estudiante, incluida su dirección y situación académica.

Los estudiantes internacionales de instituciones que han perdido su certificación SEVP normalmente pueden intentar trasladarse a otra escuela certificada antes de tener que abandonar el país.

Las directrices establecidas por el ICE dicen que las escuelas certificadas por el SEVP tienen “serias obligaciones legales” para con el estudiante y el Gobierno estadounidense.

“SEVP ejercerá toda la autoridad del gobierno de EE.UU. para protegerle e instituir sanciones contra cualquier escuela que haga caso omiso de sus responsabilidades”, según la hoja informativa del ICE.

Cientos de estudiantes internacionales han visto cancelados sus registros de estudiante –conocidos como registros SEVIS– y posteriormente restablecidos en la base de datos que el DHS utiliza para rastrear su situación migratoria y mantener la información sobre SEVP.

Bradley Bruce Banias es un abogado que representa a varios de esos estudiantes que demandaron a la administración por la cancelación de sus estatus.

“El ICE sigue dando prioridad a la política sobre el Estado de derecho, aparentemente ignorando normas vinculantes y, de nuevo, aterrorizando a estudiantes extranjeros”, declaró este jueves a CNN.

Banias, que no representa a ningún estudiante de Harvard, sugirió que algunos estudiantes podrían optar por solicitar visados de turista para poder permanecer en EE.UU. mientras se desarrolla el caso, con la esperanza de que un juez intervenga y emita una orden de restricción temporal sobre la decisión “sin precedentes”.

La última medida de la administración Trump ha “ido muy lejos de una manera que sin duda acarrerará una apelación legal muy fuerte, dijo Elliot Williams, analista legal de CNN y exasesor de la comisión judicial del Senado.

Hay procesos legales bien establecidos para revocar la certificación de una escuela, según Williams, y dijo que no parece que la administración los haya cumplido.

Todavía no está claro cuándo y cómo se aplicará la política, pero las principales partes interesadas –los dirigentes de la universidad, los estudiantes y el profesorado– tendrían una “base sólida” para un recurso legal contra ella, dijo Williams.

Por otra parte, este jueves, el juez de distrito Jeffrey White del tribunal federal de distrito de San Francisco impidió que la administración Trump pusiera fin al estatus legal que permite a los estudiantes extranjeros estudiar en colegios y universidades de todo el país.

El juez federal emitió la medida cautelar después de que la administración se moviera para manipular los registros SEVIS de los estudiantes, poniéndolos en riesgo de deportación.

La administración Trump dio marcha atrás en la iniciativa el mes pasado en medio de numerosas apelaciones después de cancelar los registros de miles de estudiantes internacionales.

El juez White dijo en su fallo que “no encuentra especulativo concluir que, en ausencia de una orden judicial (la administración) volvería a cancelar abruptamente los registros SEVIS sin previo aviso”.

Sin embargo, el fallo del jueves solo se aplica a casos individuales, y no a nivel universitario: queda por ver si la reciente medida de la administración Trump contra Harvard será impugnada en los tribunales.

Algunos miembros del personal de Harvard temen que privar a la universidad de sus estudiantes extranjeros debilitaría la capacidad académica tanto de la institución como, potencialmente, del mundo académico estadounidense en su conjunto.

“Estamos trabajando rápidamente para proporcionar orientación y apoyo a los miembros de nuestra comunidad. Esta medida de represalia amenaza con perjudicar gravemente a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard”, dijo el portavoz de la universidad Jason Newton.

El profesor de Economía de Harvard y exfuncionario de la administración Obama Jason Furman calificó la medida de “horrenda a todos los niveles”.

“Es imposible imaginar Harvard sin nuestros increíbles estudiantes internacionales. Son un enorme beneficio para todos aquí, para la innovación y para Estados Unidos en general”, dijo Furman. “La educación superior es una de las grandes exportaciones de Estados Unidos y una fuente clave de nuestro poder blando. Espero que esto se detenga rápidamente antes de que el daño sea mayor”.

Otro profesor familiarizado con la situación dijo a CNN que si la política entra en vigor, teme que “muchos laboratorios se vacíen”.

Algunas investigaciones de Harvard ya se enfrentan a las consecuencias directas de la congelación de la financiación federal del mes pasado: la Facultad de Medicina de Harvard se prepara para posibles despidos y la Escuela de Salud Pública, que posteriormente recibió tres órdenes de paralización de la investigación, está liquidando dos contratos de arrendamiento en edificios fuera del campus.

Los estudiantes internacionales tienen más probabilidad de pagar la matrícula completa en las universidades de EE.UU., en parte porque la mayoría no pueden optar a las ayudas económicas federales, que aportan una importante financiación a las universidades.

Según el Instituto de Educación Internacional, más de tres cuartas partes de los estudiantes internacionales financian sus estudios por sí mismos, a través de su familia o de su empleo actual. Menos de una quinta parte reciben financiación primaria de su universidad estadounidense.

Noem declaró en abril que Harvard “depende en gran medida de la financiación de los estudiantes extranjeros… para construir y mantener su importante dotación”.

Si bien Harvard es la universidad más antigua y rica del país, con una enorme dotación de US$ 53.200 millones que podría ayudar a complementar cualquier recorte, los expertos y un examen de las finanzas de Harvard muestran los desafíos que plantea el aprovechamiento de esa dotación, informó previamente CNN.

No se puede acceder a las dotaciones en cualquier momento, como ocurre con las cuentas bancarias. Tienen que mantenerse a perpetuidad y están en gran medida restringidas legalmente.

Harvard dice que ha estado financiando dos tercios de sus gastos de funcionamiento con otras fuentes, incluidas las becas federales de investigación y las matrículas de los estudiantes.

Aproximadamente el 80 % de la dotación de Harvard se destina a ayudas financieras, becas, cátedras, programas académicos u otros proyectos, según la escuela. El 20 % restante se destina a mantener la institución de cara al futuro.

Parte del dinero no restringido se invierte en activos no líquidos, como fondos de cobertura, capital privado y bienes inmuebles que no pueden venderse fácilmente.

Hasta ahora, la única forma de que Harvard recupere su capacidad de matricular a estudiantes internacionales sería presentar al DHS registros detallados de la participación de dichos estudiantes en actividades consideradas “ilegales”, “peligrosas” y amenazadoras de los últimos cinco años. La escuela tendrá 72 horas para hacerlo, advirtió Noem en su carta del jueves.

Noem especificó que los registros deben incluir cualquier medida disciplinaria, así como grabaciones de audio y video de “cualquier actividad de protesta” en la que participen estudiantes extranjeros en el campus.

“Proporcionar información materialmente falsa, ficticia o fraudulenta puede someterle a un proceso penal” escribió la secretaria. “También pueden aplicarse otras sanciones penales y civiles”.

Abdullah Shahid Sial, copresidente del órgano estudiantil de Harvard y estudiante de tercer año, había volado a Tokio para asistir a una conferencia cuando se conoció la noticia. Cuando recuperó el acceso a Internet, le llovieron los mensajes, incluidas las disculpas de sus amigos.

Los estudiantes internacionales, dijo en un comunicado, “representan lo mejor de lo mejor en sus respectivos países y que se les trate de una manera tan deshumanizada e irrespetuosa… es muy triste de ver”.

Sial dijo a CNN que está trabajando con la administración de Harvard para apoyar activamente a los estudiantes afectados, incluso ayudándoles a explorar opciones de traslado si es necesario.

El capítulo de Harvard de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios dijo en una declaración después del anuncio que “condena en los términos más enérgicos posibles el asalto inconstitucional de la administración Trump contra nuestros estudiantes internacionales”.

El grupo de profesores dijo que la decisión “expande el asalto terrorista de la administración Trump contra los estudiantes y académicos internacionales en Estados Unidos”.

“Los estudiantes internacionales son miembros esenciales de la comunidad de Harvard”, continúa el comunicado.

El embajador de Australia en Estados Unidos, Kevin Rudd, dijo que la medida “será angustiante para los muchos estudiantes australianos de Harvard” y les está ofreciendo asesoramiento consular mientras siguen de cerca la situación.

“También tenemos la intención de involucrar a la administración más ampliamente en el impacto de esta decisión para los estudiantes australianos y sus familias, tanto en Harvard como en otros campus de Estados Unidos”, dijo Rudd.

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Andy Rose, Matt Egan, Meg Tirrell, Celina Tebor, Kara Scannell, Eric Levenson y Shimon Prokupecz de CNN han contribuido a este reportaje.