Por Djenane Villanueva, CNN en Español

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe que los 200 migrantes deportados por Estados Unidos hacia Costa Rica en febrero fueron expulsados “injustamente”, y que las autoridades del país centroamericano los detuvieron durante dos meses y les “transmitieron mensajes contradictorios sobre su futuro”.

“Durante más de un mes, los funcionarios costarricenses informaron repetidamente a las personas que sus únicas opciones eran regresar a sus países de origen o viajar a otro país que les aceptara. El 26 de marzo, los funcionarios costarricenses les presentaron por primera vez dos opciones adicionales: podían solicitar asilo en Costa Rica o podían recibir el estatus ‘humanitario especial’”, indicó el grupo.

Los funcionarios no explicaron inicialmente en qué consistía la categoría humanitaria especial ni cuánto tiempo duraría, según detalla el informe.

El reporte titulado “La estrategia es doblegarnos: la expulsión estadounidense de nacionales de terceros países a Costa Rica”, cuenta la situación de las personas deportadas de EE.UU. el 20 y el 26 de febrero pasado al país centroamericano.

HRW halló testimonios de personas que pasaron meses en México esperando una cita para solicitar asilo en Estados Unidos, y reportó que, en algunos casos, estaban a solo unos días de que llegara la fecha esperada. El informe agregó denuncias expuestas por solicitantes de asilo sobre falta de atención.

CNN ha solicitado comentarios a la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos sobre estos señalamientos.

El Gobierno de Costa Rica había anunciado el 17 de febrero un acuerdo con Washington para acoger a este grupo de migrantes. La medida se enmarca en una política del Gobierno del president Donald Trump orientada a gestionar acuerdos con terceros países donde deportar a inmigrantes indocumentados.

Tras llegar a Costa Rica, este grupo de deportados fueron trasladados al Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) en el sur del país, a unas siete horas de San José, la capital. El Gobierno de EE.UU. sostiene que algunos de ellos tenían antecedentes penales, algo que refutan los familiares de los deportados.

CNN ha solicitado información al Gobierno de Costa Rica y al Departamento de Estado de EE.UU. sobre los detalles del acuerdo para recibir inmigrantes.

HRW aseguró que entrevistó a personas a quienes se les negó el asilo y registró expulsiones sin seguir los procesos de deportación establecidos en la ley estadounidense. “Estas expulsiones sumarias violaron el derecho a solicitar asilo y el derecho a una audiencia justa y a otras protecciones procesales antes de la deportación”, puntualizó el reporte.

En su informe, HRW afirma que los 200 migrantes fueron privados de su libertad de forma “presuntamente ilícita y, como mínimo, arbitraria” en Costa Rica.

La mayoría de ellos provenía de China, Rusia, Congo, Armenia, Irán, Azerbaiyán, Uzbekistán y Turquía, entre otros, según la Dirección de Migración del país. El informe de HRW refiere que algunos pidieron asilo en EE.UU. a través de la aplicación CBP One, inhabilitada desde el retorno de Trump al poder.

CNN contactó a la Presidencia de Costa Rica tras la publicación del informe.

El Departamento de Migración dijo que ofreció a estos inmigrantes “opciones para su traslado a un tercer país”, y también una categoría inmigratoria en Costa Rica que les permite su integración. “Las personas que permanecen en el Catem indican que desean retornar a Estados Unidos. Al no ser posible, pueden permanecer en el Catem, salir e ingresar libremente”, aseguró la dependencia.

Agregó que los inmigrantes en el Catem “no se encontraban detenidos”, que permanecían allí “por su seguridad” y que “se les permitió el acceso a todos los servicios que requerían”.

Sin dar mayores detalles, la oficina de prensa de esta institución informó que actualmente hay 56 personas de ese grupo de deportados en el Catem. Además, reportó 97 repatriados, 28 solicitudes de refugio, así como “14 salidas voluntarias y cinco no autorizadas”.

El informe de HRW recomienda que, como reparación parcial “por los dos meses de detención arbitraria, el Gobierno de Costa Rica debería proporcionar de inmediato, autorización de trabajo, ayuda para la vivienda y, según sea necesario, formación laboral, clases de idioma y ayuda para encontrar trabajo a quienes deseen solicitar asilo en el país”.

Agrega que “la complicidad en las expulsiones abusivas de Estados Unidos ha dañado la reconocida historia de Costa Rica como un país de acogida para refugiados”, y enfatiza “que no es tarde para corregir este error: el Gobierno puede y debe ofrecer una reparación significativa a las personas que recibió de Estados Unidos”.

CNN consultó a la Presidencia de Costa Rica, pero aún no ha obtenido respuesta.

El Departamento de Estado de EE.UU. respondió a una solicitud de información de CNN en la que un portavoz subrayó que, cuando los extranjeros que tienen una orden de deportación de Estados Unidos no puedan ser repatriados a sus países de origen, es cuando Washington busca “lugares alternativos” para ser enviados.

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, dijo que las recomendaciones giradas por la institución a las autoridades inmigratorias promovieron cambios, “de tal forma que, al día de hoy, hemos constatado la posibilidad de egreso e ingreso al Catem-Sur por parte de las personas deportadas; la presencia de varias ONG para la atención en salud y dar asistencia legal a algunas de las personas deportadas. Se evidencia suministro de agua potable; los espacios de dormitorio, áreas comunes y baños se encuentran en condiciones adecuadas de orden y limpieza,” señaló la funcionaria.

Según la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, el informe de HRW válida los hallazgos técnicos legales detectados por esta instancia en el grupo de migrantes deportados de EE.UU., entre ellos: la retención de sus documentos de identidad; limitaciones en su libertad de tránsito y en la comunicación con el mundo exterior; limitaciones en la comunicación por falta de traductores en todos los idiomas requeridos, la ausencia de una atención integral por parte de las instituciones estatales y confusión en su estatus, entre otros aspectos, que la instancia califica como “vejatorias y ajenas al efectivo y pleno disfrute de derechos fundamentales”.

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