Por Devan Cole y Molly Reinmann, CNN

El Departamento de Justicia presionó este miércoles a un tribunal federal de apelaciones para que revoque la decisión de un juez que bloqueó a nivel nacional el intento del presidente Donald Trump de poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento.

La audiencia ante un panel de tres jueces del noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de EE.UU. representa la primera vez que uno de los tribunales intermedios del país escucha argumentos orales sobre la constitucionalidad de esta controvertida política, que fue bloqueada por varios tribunales a principios de este año antes de que pudiera entrar en vigor.

La audiencia, que duró una hora y se llevó a cabo en un tribunal de Seattle, se produce mientras la Corte Suprema considera si debe modificar las órdenes judiciales de tribunales inferiores para que Trump pueda comenzar a aplicar parcialmente la política mientras se resuelven los desafíos legales.

“Nuestra posición está firmemente basada en el texto, la historia y el precedente. Pero quiero dejar claro que la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda establece un piso para la ciudadanía por nacimiento y no un techo, así que no hay nada en nuestra postura que impida al Congreso —si así lo considera y en los términos que considere— otorgar la ciudadanía a los hijos de extranjeros que se encuentren en el país temporalmente o de manera ilegal”, dijo el abogado del Departamento de Justicia, Eric Dean McArthur, al tribunal.

Parte de la discusión de este miércoles giró en torno a si el tribunal de apelaciones también debería limitar el alcance del fallo emitido en febrero por el juez de distrito John Coughenour, y McArthur tuvo dificultades para responder algunas preguntas sobre cómo se aplicaría la política a ciertos grupos de inmigrantes —como los solicitantes de asilo— porque las autoridades no han podido elaborar una guía para implementar el decreto de Trump debido a la serie de órdenes judiciales.

“Uno de los problemas con la orden judicial es que impidió al Gobierno incluso explicar cómo se implementaría esta orden”, dijo McArthur en un momento. “Así que, como el decreto, si se permite que entre en vigor, se aplicaría a diversas categorías como asilados o refugiados, no está claro en este momento”.

Sin embargo, dado que la Corte Suprema aún debe pronunciarse sobre si las órdenes judiciales deben ser limitadas, McArthur sugirió más tarde que el tribunal de apelaciones no debería “poner nada por escrito” sobre su propia decisión por el momento.

Un miembro del panel —el juez Patrick J. Bumatay, designado por Trump— hizo preguntas durante toda la audiencia que mostraban simpatía por los argumentos de la administración, incluyendo si un caso clave de la Corte Suprema del siglo XIX ofrecía una interpretación más limitada de a quién se aplica la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda.

Bumatay también presionó a un abogado que representa a los estados que impugnan la política sobre si una orden judicial a nivel nacional era necesaria en este momento, un argumento que la administración ha defendido constantemente después de que los tribunales bloquearan la política en todo el país.

“Los daños a los estados que resultarían de una regla fragmentada son los mismos daños que resultarán de la propia regla”, dijo Noah Purcell, procurador general del estado de Washington.

“Los bebés nacerán en estados que no son demandantes, no recibirán un número de Seguro Social, sus familias se mudarán a nuestros estados y, cuando lleguen aquí, no tendremos ninguna manera, bajo nuestros sistemas actuales, de inscribirlos en los programas a los que tienen derecho a participar”, agregó.

Un panel diferente del noveno circuito se negó a principios de este año a suspender la decisión de Coughenour, y los tribunales federales de apelaciones en Boston y Richmond rechazaron de manera similar las solicitudes de la administración para anular otros fallos que bloqueaban la política de Trump.

La orden de Trump, titulada “Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense”, busca impedir que el Gobierno federal emita “documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense” a cualquier niño nacido en suelo estadounidense de padres que estuvieran en el país ilegalmente o que estuvieran en los estados legalmente pero de manera temporal.

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