La Corte Suprema restablece el acceso de DOGE a datos sensibles del Seguro Social
Por John Fritze y Tierney Sneed, CNN
La Corte Suprema otorgó este viernes dos importantes victorias al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), permitiendo que la entidad acceda a datos sensibles del Seguro Social de millones de estadounidenses y, al mismo tiempo, suspendiendo una investigación sobre si está sujeta a una ley clave de transparencia.
En la primera y quizás más relevante decisión, la mayoría del tribunal permitió que DOGE revise datos en la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) con el supuesto objetivo de combatir el fraude y “modernizar sistemas obsoletos”. Críticos y tribunales inferiores habían sugerido que DOGE realizaba una búsqueda indiscriminada en datos altamente sensibles.
“Concluimos que, bajo las circunstancias actuales, la SSA puede proceder a permitir que los miembros del equipo DOGE de la SSA accedan a los registros de la agencia en cuestión para que puedan realizar su trabajo”, escribió la corte en una orden no firmada.
Minutos después, la Corte Suprema de tendencia conservadora suspendió por separado una orden de un tribunal inferior que exigía a DOGE entregar documentos como parte de una demanda que sostiene que la entidad, al igual que otras agencias gubernamentales, debería estar sujeta a solicitudes federales de información pública. Aunque la Corte dejó abierta la posibilidad de que parte de esa información finalmente se entregue, pidió a los tribunales inferiores que “limiten” su alcance.
Las tres juezas liberales del tribunal —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— también discreparon de esa decisión.
En conjunto, las órdenes de la Corte representaron victorias clave para DOGE en medio de una disputa pública entre el presidente Donald Trump y Elon Musk, el magnate tecnológico que alguna vez lideró la entidad como la principal herramienta de la Casa Blanca para reducir y transformar el Gobierno federal.
La decisión en el caso del Seguro Social “pondrá en manos del personal de DOGE los datos altamente sensibles de millones de estadounidenses”, escribió Jackson en su opinión discrepante. Advirtió sobre “graves riesgos de privacidad para millones de estadounidenses”.
La apelación de emergencia de la administración Trump fue la primera que puso a DOGE en el centro de atención ante la Corte Suprema. El procurador general D. John Sauer argumentó en documentos judiciales que el tribunal inferior no tenía autoridad para “microgestionar” la capacidad de DOGE de acceder a datos con el fin de combatir el despilfarro, el fraude y el abuso gubernamental. La victoria de la administración en esta disputa probablemente tendrá repercusiones en otros casos relacionados con el acceso de DOGE a sistemas de datos gubernamentales.
La jueza de primera instancia en el caso del Seguro Social había determinado que los demandantes probablemente tendrían éxito en sus argumentos de que el Gobierno violó la Ley de Privacidad al dar a DOGE acceso a sistemas de datos altamente protegidos —que contienen registros financieros, información médica y datos sensibles de menores— sin explicar claramente por qué DOGE necesitaba ese acceso.
El caso del Seguro Social destacó por el sólido expediente probatorio en el que la jueza Ellen Hollander basó su orden preliminar. Un punto clave fue que la administración no demostró por qué DOGE necesitaba acceso tan amplio a la información personal de los estadounidenses en poder de la agencia. Concluyó que los proyectos que la administración dijo que DOGE estaba realizando podían hacerse en gran medida con datos anonimizados.
El Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito mantuvo la orden preliminar de Hollander.
Según documentos judiciales, casi una decena de afiliados de DOGE han sido instalados en la agencia, y un funcionario de carrera de nivel medio que facilitó el acceso del equipo DOGE a los datos —pese a la oposición de la dirección de la SSA— fue puesto en licencia administrativa. El Gobierno de Trump luego ascendió a ese funcionario, Leland Dudek, a comisionado interino. El Senado confirmó a su reemplazo, Frank Bisignano, a principios de mayo.
El acceso de DOGE a los datos fue suspendido inicialmente con una orden de restricción temporal en marzo.
La administración Trump ha señalado tres proyectos específicos que justifican el acceso de DOGE a los sistemas: un proyecto llamado “¿Estás vivo?” para verificar si se están haciendo pagos indebidos a personas fallecidas; una limpieza de datos de la agencia, conocida como Proyecto de Limpieza de Datos de Defunciones, para actualizar registros de personas que el Gobierno considera fallecidas; y el Proyecto de Detención de Fraudes, que investiga posibles fraudes en cambios realizados por personas en sus registros, incluyendo reportes de salarios e información de depósitos directos.
Aunque técnico, el caso separado sobre los registros de DOGE ha planteado preguntas fundamentales sobre el poder y la transparencia de una entidad que ha recortado presupuestos de agencias con una rapidez inusual. El grupo de vigilancia progresista Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) demandó para obtener documentos que arrojaran luz sobre el funcionamiento de la entidad.
La apelación de emergencia de Trump a la Corte Suprema solicitó que los jueces detuvieran una orden de un tribunal inferior que permitiría a CREW interrogar a la dirección de DOGE y revisar documentos para entender mejor el papel de la entidad dentro del Gobierno federal.
La cuestión de fondo es si DOGE es una agencia que, como la mayoría de las dependencias federales, está sujeta a revisión pública. Si lo es, eso podría servir como control sobre lo que DOGE puede lograr, permitiendo al público ver lo que ocurre tras bambalinas y dando a los demandantes información que podrían usar en tribunales para revertir algunas de sus acciones más drásticas.
La administración Trump, que el presidente ha calificado repetidamente como la más transparente de la historia, ha combatido agresivamente el caso, describiendo a DOGE como un “órgano asesor presidencial” dentro de la Casa Blanca encargado de “proporcionar recomendaciones” y no de tomar decisiones. Por esas funciones, el Departamento de Justicia argumentó que DOGE está exento de los requisitos de la FOIA.
El juez federal Casey Cooper, nombrado por Barack Obama, había ordenado que DOGE entregara documentos en el caso y también aprobó la declaración de la administradora interina de DOGE, Amy Gleason. Un tribunal federal de apelaciones en Washington se negó a revertir la decisión sobre la entrega de pruebas. Cooper dictaminó en marzo que probablemente DOGE está cubierto por la FOIA, que permite a grupos de interés público y medios obtener registros internos del Gobierno sobre la conducta de las agencias.
Esta nota y el titular han sido actualizados con información adicional.
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