Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Luego de 26 años, los inmigrantes hondureños que estaban bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) dejarán de contar con ese alivio, lo que significa que decenas de miles de personas que construyeron sus vidas en Estados Unidos quedan en riesgo de deportación y podrían tener que volver a un país que sigue fuertemente afectado por la violencia.

Si bien fue implementado en 1999 como una medida temporal tras la devastación del huracán Mitch, desde entonces el TPS fue renovándose bajo la firma de varios presidentes, con lo que, según estima el Gobierno de EE.UU., hay unos 72.000 hondureños acogidos al programa, muchos de ellos con familias arraigadas en el país.

“Para mí (volver a Honduras) sería un cambio durísimo. Yo ya vivo aquí, no me quisiera ir”, dice a CNN Noemí López, de 67 años, quien se acogió al TPS poco después de su publicación, luego de haber vivido tres años como indocumentada. Ella describe como “desesperante” el proceso que vivió de dejar a sus hijos en Honduras para buscar darles un futuro mejor. Cuenta que en sus primeros años trabajando en Miami tenía jornadas de más de 15 horas como empleada de limpieza. Ahora, aunque está retirada, continúa con un negocio propio de venta de artículos, pero perdería su permiso de trabajo y otros beneficios, además de enfrentar un riesgo de deportación.

El TPS está pensado para personas que se enfrentarían a dificultades extremas si se vieran obligadas a regresar a sus países de origen devastados por conflictos armados o desastres naturales, por lo que la protección se limita a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos. Los beneficiarios no son removidos de EE.UU. y pueden recibir permiso de trabajo y obtener autorizaciones de viaje.

López asegura que desde que llegó al país siempre pagó impuestos y no pidió beneficios sociales. Por su nivel de ingresos, no aplica al programa Medicaid, pero sí está afiliada a Medicare, que cubre los medicamentos que necesita para tratar su diabetes e hipertensión. “Sin el TPS, perdemos todo desde que nos quitan el permiso de trabajo”, como la renovación de la licencia de conducir y los pagos de jubilación, lamentó.

El fin del TPS para inmigrantes de Honduras, que terminará en septiembre, fue anunciado junto al retiro del beneficio para nicaragüenses, y luego de haber retirado las protecciones a ciudadanos de múltiples nacionalidades, como parte de la estrategia inmigratoria más amplia del Gobierno del presidente Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional dictó una terminación anticipada del TPS para cerca de 521.000 haitianos, una medida que fue bloqueada por un juez federal, y en mayo la Corte Suprema autorizó al Gobierno a terminar con esta protección para los 350.000 venezolanos que se acogieron al beneficio. Previamente, las autoridades dictaron el fin del TPS para afganos y cameruneses.

El TPS para los hondureños es el más antiguo vigente, y el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro dijo que velará por los derechos de los hondureños y continuará abogando por soluciones permanentes. “Hasta el momento no ha habido ningún país, cuando (a Trump) le ha tocado decidir, que lo haya extendido. Ningún país se ha salvado”, dijo a medios locales el vicecanciller de Honduras, Antonio García.

Para el Gobierno de Trump, que ofrece a los “tepesianos” un boleto de avión de cortesía y un bono de salida de US$ 1.000, en Honduras hubo “una mejora en las condiciones” y “resulta seguro para sus nacionales regresar a su país”. Sin embargo, el Departamento de Estado mantiene la advertencia de viaje a los estadounidenses, con la recomendación de reconsiderar los planes a Honduras debido a los niveles de crimen en el país.

Desde fines de 2022, el Gobierno de Castro ha renovado 22 veces un estado de excepción, una medida implementada para reducir los índices de violencia y luchar contra el crimen organizado, en un país que tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, según datos recopilados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

“Hasta el momento es complicada la situación en Honduras, es un país peligroso”, afirma Anyeli Ramos (48), residente de Naples, Florida, y beneficiaria del TPS desde 1999.

En su caso, sin el TPS no quedaría en riesgo inmediato de deportación, ya que tiene en proceso una solicitud de asilo. Ramos cuenta que una banda criminal en Honduras mató a su hermano y a su primo en 2014, y ella fue amenazada de muerte, por lo que teme volver a su país.

Sin embargo, lo que más teme es que, mientras no tenga el asilo concedido y pierda su permiso de trabajo, se quede sin los fondos jubilatorios que juntó durante décadas de empleo. “Es lo que más nos duele, el trabajo es sagrado. Hemos trabajado duro y es nuestro ahorro”, reclama.

Por su parte, López coincide en las preocupaciones de seguridad y asegura que en su ciudad natal hay muchas maras que extorsionan a los negocios. “Si usted trabaja, tiene que darle un porcentaje” a las pandillas, agregó.

López cuenta que intentó tramitar una residencia para no depender del estatus temporal, pero tuvo problemas de documentación en los dos procesos en los que aplicó.

Por ahora, la inmigrante asegura que seguirá trabajando. “Con la edad que tengo, me siento bien, sigo en la lucha”, afirmó. Pero reconoce que tiene temor a las redadas de los agentes de ICE: “No me gustaría que me agarrasen y que me tengan en cárceles, a veces me asusta”. También rechaza la posibilidad de separarse de su nieto, de 18 años y nacido en EE.UU., al que prácticamente crio.

De todas formas, por ahora no está en sus planes volver a Honduras. En medio de la incertidumbre, apela a la fe para que Trump tome otro rumbo en su política inmigratoria. “Vamos a ver qué pasa, si Dios quiere y le toca el corazón a este señor, nos quedamos”.

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