Por Karol Suárez, CNN en Español

El Gobierno de México lanzó esta semana una estrategia nacional para combatir la extorsión, un delito que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, “no ha sido contenido” en los últimos años. ¿Puede esa estrategia hacer frente a los desafíos de recursos en medio de retos estructurales?

En una conferencia de prensa este martes, la mandataria presentó el plan acompañada de su gabinete de seguridad y anunció también una iniciativa de reforma constitucional para que pueda haber una Ley General contra la Extorsión.

La estrategia contempla cinco ejes centrales, generar detenciones por medio de labores de investigación e inteligencia, fomentar la creación de unidades antiextorsión en los estados, aplicar un protocolo específico de atención a víctimas, capacitar a operadores del servicio 089 en manejo de crisis y negociación y lanzar una campaña nacional de prevención.

“Detener a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras que, todos los días, con esfuerzo y honestidad, levantan negocios, cultivan la tierra, transportan mercancías o prestan servicios”, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la presentación del plan el domingo.

La iniciativa también incluye operativos en centros penitenciarios para frenar llamadas de extorsión hechas desde las cárceles, la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas ligadas al cobro de extorsiones, y el bloqueo judicial de líneas telefónicas utilizadas para delinquir.

La línea nacional 089 será el canal exclusivo para denunciar este delito, según dice la estrategia.

Las autoridades aseguran que las llamadas serán atendidas por personal capacitado y que se garantizará el anonimato del denunciante, además dicen que esto permitirá abrir carpetas de investigación y dar seguimiento a los casos.

Según cifras oficiales la estrategia identifica ocho estados prioritarios donde se concentra el 66% de los casos: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Solo en 2023, el Estado de México reportó más de 2.000 carpetas de investigación por extorsión.

“Es muy positivo que se reconozca que este delito no ha sido contenido y que se estén buscando acciones específicas para reducirlo”, dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).

Pero, aunque considera valioso el esfuerzo del Gobierno, advierte que la estrategia enfrenta debilidades estructurales y plantea retos que van desde la corrupción en penales hasta la necesidad de inversión millonaria para que las unidades especializadas realmente funcionen.

Rivas dijo a CNN que la magnitud del problema es enorme: según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2023 se cometieron 4,9 millones de delitos de extorsión, en 85,6% de los casos, la extorsión fue telefónica y fue pagada en 12,9% de las ocasiones.

Sin embargo, el porcentaje de cifra negra de este delito fue de 96,7%: “solo el 0,02% de los casos accede a algún tipo de justicia, y ninguno alcanza una reparación plena del daño”, dijo Rivas.

El director del Observatorio Ciudadano también cuestionó la viabilidad de medidas como capacitar a cajeros de tiendas de conveniencia para detectar extorsiones: “Estas personas no tienen responsabilidad legal y se pondrían en riesgo”.

La extorsión en México adopta múltiples formas que varían según la región. Según expertos consultados, va desde engaños telefónicos y amenazas virtuales hasta cobros directos por parte del crimen organizado en mercados, negocios e incluso el campo.

Rivas dice que en estados como Michoacán y Guerrero productores agrícolas han denunciado el pago de “cuotas” para poder sacar su cosecha o mantener abiertos sus puntos de venta, situación que ha generado miedo, normalización del delito, además de una profunda desconfianza en las instituciones.

Rivas advirtió que el problema no es solo de voluntad política, sino también de capacidades institucionales, recursos y estándares. “Si no hay recursos, si no hay estándares, si no hay compromisos, pues probablemente esto no sirva de nada”, dijo.

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