Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Sentada en la vereda, bajo el sol, Inés Castro espera, al límite de la paciencia. A sus 74 años, se vio obligada a salir a la calle para poder recibir un recurso básico: agua potable. Como ella, otros habitantes del sector de Chillogallo, al sur de Quito, hacen filas con baldes, botellas, contenedores y hasta tachos de basura esperando que algún repartir arribe, en medio de la crisis de agua más grave de los últimos 25 años en Ecuador.

“Estamos haciendo cola desde la mañanita y no llega”, dijo Castro a CNN, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. “Vivo sola, estoy solita”, añadió la mujer, y explicó que esperaba que algún vecino la ayudara a trasladar el balde a su casa si logra llenarlo.

CNN recorrió algunos barrios pertenecientes a las seis zonas afectadas por un enorme deslizamiento de tierra ocurrido la semana pasada en el páramo del Antisana, un ecosistema natural que conecta con la tubería que abastece a buena parte del sur de Quito. La emergencia está afectando a más de 400.000 personas, que representan al menos el 13% de la población de Quito, de acuerdo con el Municipio.

La vida diaria de estos residentes se ha visto seriamente afectada, mientras el Municipio de Quito y el Gobierno nacional mantienen una pugna en el reparto de sus responsabilidades para atender la crisis.

La crisis del agua se suma a otras tensiones en Ecuador, donde sigue vigente el estado de conflicto interno armado que fue decretado por el presidente, Daniel Noboa, desde enero de 2024 debido a la escalada del crimen organizado y la violencia. Además, en estos días varios sectores sociales y gremios de trabajadores se han convocado para protestar en rechazo a recientes leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.

“¡Sin agua no podemos vivir!”, gritan desesperados los habitantes de Chillogallo, que esperan desde muy temprano en una calle del barrio a que un camión cisterna –al que los residentes llaman “tanquero”– llegue para entregar algo de agua.

El Municipio dispuso la movilización de 70 tanqueros, pero no son suficientes para atender a todos. Erselinda Guilca, jubilada, contó a CNN que su salud está quebrantada y pide que se solucione pronto el problema.

“Ya estamos viejos y ya no podemos acarrear los baldes pesados de agua. Estamos aquí en este frío desde la mañana, con hambre. No tenemos agua ni para bañarnos”, dijo Guilca.

Con una lavacara o palangana de plástico y una olla de su cocina, Elsa Sarango se unió a la protesta de los vecinos mientras hacía fila y esperaba al tanquero. “Si fuéramos jóvenes, no nos importaría cargar. Esto es muy pesado, solo pido que nos den agüita”, se quejó la mujer, que detalló que conforme pasan los días, las necesidades sanitarias y de higiene en su casa aumentan. “No nos dicen la hora exacta, tenemos que hacer viajes poquito a poquito, porque si no cómo vivimos”, lamentó.

En otro punto del sur de Quito, en el barrio Nueva Aurora, la desesperación llevó a las personas a concentrarse en el parque central para recoger agua desde una vertiente o fuente de origen, que no cumple con normas sanitarias ni de potabilización.

Los habitantes caminaban varias cuadras para recibir esta agua, otros lo hacían con ayuda de sus vehículos y bicicletas, y algunos alquilaban pequeños coches artesanales que servían para transportar los envases y así evitar cargar tanto peso.

“Al menos para el baño me sirve. Mi casa está a cuatro cuadras. No queda de otra, así el agua no sea potable”, dijo un hombre que llegaba apresurado a la vertiente.

En la misma zona, Tomás Chiguano, un albañil, acarreaba el agua en fundas de basura negras porque no tenía recipientes. “Cargando en fundas porque no tenemos en qué más cargar, no tenemos tachos, estamos ahí cargando en fundas y a veces las fundas salen rotas”, explicó.

Su trabajo como albañil también se vio afectado porque no hay agua para mezclar los materiales de construcción como el cemento y la arena, que son fundamentales para sus obras.

Este martes, el Gobierno colocó la primera planta potabilizadora portátil en el sector para evitar afectaciones en la salud.

Los residentes del sur de Quito que buscan algún medio de transporte para movilizarse a los puntos de repartición de agua se manifestaron muy molestos porque el desabastecimiento les estaba generando más costos para acceder a este servicio básico. Según detallaron, tenían que pagar entre US$ 2 y US$ 5 a transportistas para que les ayudaran a trasladar los recipientes.

“No tenemos agüita para lavar ropa, acarreamos cansados. A veces pagamos el coche, US$ 2 o US$ 3 para que nos ayuden”, dijo a CNN una señora mientras esperaba que su esposo terminara de llenar los envases.

Mientras tanto María Tipán, otra vecina, contó que tiene que hacer hasta ocho viajes. Su mayor preocupación es no tener agua para lavar la ropa de los nietos que cría.

“Siete u ocho viajes para llevar el agua y nos cobran US$ 5. No tenemos ni para lavar la ropita. Tengo nietitos que ensucian. Está saliendo muy cara el agua y nos cobrarán la plantilla (factura) completa de agua”, dijo Tipán.

El Municipio de Quito dispuso la movilización de 71 tanqueros, cinco hidrantes, cinco sistemas inflables y tres puntos fijos de distribución de agua en el sur de Quito para atender la emergencia. La Alcaldía indicó que hasta el momento fue removido el 77% de la tierra en la zona del deslave denominada “La Mica”, donde se originó la emergencia. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, espera que recién el domingo se restituya el servicio de agua potable para los habitantes de las seis zonas afectadas.

“Es la emergencia hídrica más grave que ha enfrentado Quito y fue causada por un fenómeno natural extremo. Más de 500 personas están trabajando día a día en esta emergencia. En el páramo o en los barrios. De madrugada, de noche o bajo el sol”, precisó Muñoz.

Tanqueros de otras ciudades y cantones se sumaron a las tareas de ayuda y asistencia a los ciudadanos. La Asociación de Municipalidades del Ecuador coordinó el envío de estas unidades a Quito. Los gobiernos nacional y local sesionan por separado para atender la emergencia, lo que ha generado disputas en el mando de la atención.

El Gobierno nacional encargó a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, las acciones para el abastecimiento y distribución de ayuda a la población afectada. El Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) anunció la instalación de tres plantas portátiles de potabilización del agua en puntos estratégicos con el apoyo de la Cruz Roja Ecuatoriana.

La ministra de Energía y presidenta del COE, Inés Manzano, criticó la actuación del Municipio de Quito frente a la emergencia e indicó que en días pasados el Ministerio de Ambiente solicitó el envío de un plan frente a la crisis que, según la funcionaria, no fue entregado.

“El plan nunca fue entregado y de hecho hemos insistido para que nos den un informe técnico de qué pasó y qué actividades van a hacer para complementar. Como no ha habido esa comunicación veraz y oportuna, entonces nosotros hemos intervenido”, explicó.

Mientras tanto, el alcalde Muñoz cuestionó que no exista una comunicación fluida con el Gobierno nacional. “¿Por qué no se ha tomado contacto con el Municipio? ¿Por qué no se han hecho presentes en el Puesto de Mando Unificado?”, criticó.

El Gobierno pidió al Municipio mayor colaboración para que el problema se solucione lo más pronto posible.

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