Por Devan Cole y Molly Reinmann, CNN

Abogados de un solicitante de asilo venezolano de 20 años que fue deportado por error a principios de este año pedirán en los próximos días a una jueza federal que considere abrir procedimientos por desacato penal contra el Gobierno de Trump por “violaciones graves” de sus órdenes.

Los posibles procedimientos abrirían un nuevo frente importante en la prolongada saga legal que rodea al hombre, identificado solo como “Cristian” en los documentos judiciales, quien fue deportado a la megaprisión Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador a mediados de marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una amplia autoridad de tiempos de guerra del siglo XVIII que el presidente Donald Trump invocó para acelerar la expulsión de migrantes que su Gobierno afirmaba eran miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.

La semana pasada, fue enviado de regreso a su país de origen como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

La jueza federal Stephanie Gallagher, del tribunal federal en Baltimore, determinó a principios de este año que la deportación de Cristian violó un acuerdo judicial que protege a algunos jóvenes migrantes con solicitudes de asilo pendientes y ordenó a los funcionarios “facilitar” su regreso a Estados Unidos para que pueda resolver su solicitud de asilo. El gobierno hizo poco para cumplir con su directiva y el caso pasó en gran medida desapercibido en los últimos meses.

Pero la semana pasada, Cristian estuvo entre un grupo de unos 250 venezolanos que habían estado encarcelados en la prisión Cecot de El Salvador y que fueron enviados de regreso a su país a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses.

“Él fue una pieza en este acuerdo de intercambio de prisioneros”, dijo el abogado de Cristian, Kevin DeJong, durante una audiencia el martes en el caso. “Tomaron medidas activas y deliberadas para deportarlo al país en el que realmente teme ser perseguido”.

El abogado le dijo a la jueza que “dada la historia de violaciones aquí, el desacato penal debería estar sobre la mesa”.

“Ha habido violaciones recurrentes y un desprecio flagrante por el acuerdo, por las órdenes del tribunal”, dijo DeJong. “Alguien debe rendir cuentas por estas violaciones graves”.

Dijo que presentarían una solicitud para que la jueza considere abrir procedimientos por desacato penal en los próximos 10 días.

Gallagher, quien fue nombrada por Trump durante su primer mandato, dijo que DeJong había “presentado una base sobre la cual podría buscar sanciones o desacato”, pero fue cuidadosa al señalar que en ese momento no estaba sacando conclusiones anticipadas sobre el asunto.

La jueza también pareció escéptica de que su directiva anterior se hubiera cumplido. Hasta el martes, estaba en marcha un proceso de investigación de hechos ordenado por el tribunal para determinar qué habían hecho los funcionarios para cumplir su orden. La jueza suspendió ese proceso ya que Cristian ya no está en El Salvador.

Pero, dijo, “no sería irrelevante si se cumplieron o no mis órdenes”.

La abogada del Departamento de Justicia, Ruth Ann Mueller, rechazó enérgicamente durante la audiencia del martes las afirmaciones de DeJong de que el gobierno no ha cumplido con las órdenes judiciales en el caso y afirmó que los funcionarios eliminarían “barreras internas” que impedirían el regreso de Cristian a Estados Unidos.

“Si Cristian desea regresar, el gobierno está listo y puede facilitarlo”, le dijo a la jueza.

El caso de Cristian, en algunos aspectos, ha reflejado el de Kilmar Ábrego García. Él había estado viviendo en Maryland hasta marzo, cuando el Gobierno de Trump lo trasladó a Cecot bajo una autoridad migratoria diferente.

Un juez distinto en Maryland ordenó a los funcionarios “facilitar” su regreso, y sus abogados buscan de manera similar sanciones contra el gobierno por su presunto incumplimiento de las órdenes de ese juez.

Abrego García finalmente fue traído de regreso a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de personas en Tennessee. Se declaró inocente.

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