Por Betiana Fernández Martino, CNN en Español

La mañana del 11 de julio amaneció nublada. Juan Pedro Martínez Piedraita, un inmigrante afrouruguayo, y su pareja, Paola Arismendi, se despertaron en su casa de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, con esa mezcla de ansiedad e ilusión que solo conocen quienes pasaron años esperando su ciudadanía. Después de casi dos décadas viviendo en Argentina, Juan Pedro pensó que por fin iba a dejar atrás la residencia precaria para conseguir la permanente.

Lo que Martínez Piedraita y su esposa no sabían es que, después de años juntando documentación, presentándose de manera voluntaria en la Oficina de Migraciones cada tres meses, cumpliendo con los requisitos para quedarse en el país, no solo no obtendría su DNI, sino que sería obligado a dejar Argentina.

Juan Pedro Martínez Piedraita tenía un antecedente penal por violación de domicilio, amenazas reiteradas y desobediencia. Fue condenado a un año y nueve meses de prisión en suspenso, pena que cumplió en tiempo y forma. Según la legislación argentina, una condena de estas características no es causal suficiente de expulsión. Pero durante la gestión del presidente Javier Milei, la política inmigratoria se endureció.

Martínez es un trabajador afrouruguayo que llegó de visita a Argentina casi 20 años atrás. Se enamoró del país y de Paola y por eso eligió quedarse. Juntos tuvieron tres hijos: Dándara de 16, Alexis de 15 y Johann, el menor, de apenas 6 años.

Empezaron de a poco. Primero, los presentó un primo uruguayo, después eligieron hacer algunas salidas juntos, en el camino tuvieron a sus dos primeros hijos y se mudaron en familia. Él es el que siempre se dio maña con las cosas de la casa: arreglaba lo que hiciera falta, salía a vender lo que ella cocinaba para llegar mejor a fin de mes. Con el tiempo decidieron sumar un emprendimiento en su casa alquilada. Como en muchos barrios, para hacerle frente a la crisis, la ventana que da a la calle funciona como kiosko. Los vecinos pueden encontrar allí dulces, alimentos, productos escolares e incluso juguetes.

Cuando tuvieron a su tercer hijo, Juan Pedro decidió que era momento de terminar de hacer los trámites para la residencia definitiva en el país. Como tenía una condena cumplida, se presentaba de manera voluntaria en Migraciones cuatro veces por año. En cada una de esas visitas su pareja lo acompañaba. Según cuenta Paola a CNN, el día en que a su pareja se lo llevaron detenido, habían llegado emocionados a hacer el trámite: la vez anterior, la persona que los había atendido les había dicho: “Esta es la última vez que te hacés la precaria, porque ya la próxima vas a poder tener tu DNI definitivo”.

Ese viernes frío de julio, Juan Pedro Martínez Piedraita y su pareja cruzaron la ciudad rumbo a la oficina de Migraciones. Cuando se presentaron para hacer la renovación de la residencia, un empleado les pidió que esperaran. Pasaron los minutos, las horas, hasta que las Fuerzas de Seguridad se acercaron y le dijeron a Juan Pedro Martínez Piedraita que lo tenían que llevar detenido. Esa fue la última vez que Paola lo vio. Cinco días después, lo deportaron a Uruguay de madrugada y solo, sin que pudiera despedirse de su familia.

“Juan Pedro inicia su trámite de inmigraciones por el criterio de hijo argentino en el año 2022. Le dan una certificación de residencia precaria, porque Migraciones toma conocimiento de que él tiene un antecedente penal con una condena de 1 año y nueve meses en suspenso que se cumplió en tiempo y forma”, explicó a CNN Zulema Montero, abogada de Martínez Piedraita. Según se desprende de los informes oficiales, Migraciones había emitido una disposición de expulsión el 31 de marzo de 2023. Sin embargo, en ninguna de las citas de renovación de su residencia le notificaron de esta orden, aseguró la pareja de Martínez Piedraita.

La expulsión se justificó en la condena dictada en agosto de 2021. A Martínez se le imputaron delitos de violación de domicilio, amenazas reiteradas y desobediencia. Su abogado afirma que él demostró su conducta reparatoria durante casi dos años, como pidió la justicia.

Según explica a CNN Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización que promueve la defensa de los derechos humanos, en la detención y posterior expulsión de Juan Pedro Martínez Piedraita hay al menos tres irregularidades. Primero, que no se tuvo en cuenta el recurso que presentó la defensa para evitar su extradición basándose en “el artículo 70 3er párrafo por su interés particular de sostener el vínculo, los derechos y deberes que tiene con sus hijos y esposa en Argentina. Cuestión casi imposible, en los términos de un proyecto de vida familiar, desde el exterior del país”.

Segundo, que “el artículo 54 de la Ley de Migraciones dice que la notificación de una expulsión tiene que darse a través de una notificación fehaciente”. Y tercero, que “el artículo 29 inciso C, dice que un antecedente penal tiene que estar relacionado con una condena por delitos gravísimos como tráfico de personas, tráfico de estupefacientes o penas mayores a tres años”: la pena cumplida por Martínez Piedraita fue de un año y nueve meses en suspenso.

El Gobierno argentino le dijo a CNN que Migraciones dejó una notificación en el domicilio de Martínez Piedraita, a pesar de que la familia asegura nunca haberla recibido. Además, desde el Gobierno también explicaron que, según la interpretación de las leyes y decretos que incluyen los derechos de los inmigrantes, se puede analizar la condena en abstracto, es decir, cuántos años de pena podrían corresponder según el delito cometido. Sin embargo, Juan Pedro Martínez Piedraita ya tenía sentencia cumplida.

Según Morales, esta diferencia de interpretación de la legislación ya fue resuelta por la Corte Suprema en casos similares al de Martínez Piedraita en favor del migrante.

“El antecedente o la condena no se toma en abstracto, se toma de esa condena en particular. Por eso la Corte Suprema, en cinco oportunidades y con relación a decisiones de distintas gestiones, le ha reclamado a la autoridad migratoria que haga una interpretación correcta de la norma 29 C. O sea, la Corte Suprema le impide al Estado utilizar esa norma para impedir la residencia de personas que no tienen antecedentes o condenas superiores a tres años”, explica Morales.

“Yo lo vi a Juan Pedro cuando estaba detenido, cómo se le caían las lágrimas, lloraba de desesperación. El hombre decía: ‘Yo estoy bien con mi familia, ¿cómo puede ser que me hagan esto? He cumplido la sanción que se me ha impuesto por los delitos que tuve’”, dice Montero, la única persona que lo pudo ver antes de su expulsión.

El caso de Martínez se da dos meses después de promulgarse el decreto que modificó la Ley de Migración durante el gobierno del presidente Milei. Según explican los defensores del migrante, si bien “la decisión de expulsar personas por fuera de los topes que establece la ley viene de varias gestiones anteriores, la reforma de la Ley de Migraciones incluyó algunas particularidades que afectaron la situación de Juan Pedro”. Morales hace la distinción entre la legislación anterior en la que “si la persona alegaba tener hijos argentinos, la autoridad migratoria debía constatar la existencia de los hijos y liberarlo” mientras que ahora la legislación dice que “la autoridad migratoria podrá liberarlo”, es decir, no tiene la obligación.

Desde la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes llevan un recuento detallado de la expulsión de migrantes en territorio argentino entre 2019 y 2024. Según las cifras que recogen de pedidos de acceso a la información, se desprende que en 2024, el primer año completo de Javier Milei como presidente, las cifras de migrantes expulsados aumentaron casi 40% respecto al año anterior, un número solo superado por las expulsiones registradas en 2019, el último año de Mauricio Macri como presidente.

Consultada sobre la política inmigratoria del Gobierno de Javier Milei y su posible espejo con las medidas tomadas por el Gobierno de Estados Unidos, Gabriela Liguori, directora ejecutiva de CAREF, dice: “Nosotros vemos dos cosas: por un lado, la clara intención de estar alineados con Trump en una lógica securistista del tratamiento de las migraciones. Y por el otro, una vuelta a la lógica del DNU 70/2017 de la etapa macrista en la que Patricia Bullrich también estaba al frente de seguridad y con el ojo puesto en las cuestiones migratorias. Es decir, un frente externo que influye y despierta viejas aspiraciones, pero ahora con más fuerza y legitimidad”.

El mismo viernes 11 de julio, Paola volvió a la casa que compartía con su pareja y sus hijos. Salió con Juan Pedro pero regresó sola. No pudo darse el lujo de sentarse a llorar. Mientras buscaba defensa legal para evitar la expulsión del padre de sus hijos, abría el negocio precario que armaron juntos en la parte de adelante de su vivienda. Antes, cuando no llegaban con las cuentas y las ventas estaban bajas, Juan Pedro se llevaba al hombro algunos productos y los vendía puerta a puerta. Ahora los ingresos solo dependen de ella.

“Él acompañaba a los chicos al colegio, atendía nuestro emprendimiento, tenía un puesto en la feria y siempre hacía alguna changa de albañilería, de pintura o de carpintería. Nosotros no tenemos un sueldo fijo. Es la comida de todos los días, es el gasto de los chicos del colegio, el alquiler, la luz, el jardín. Me desequilibró todo esto —dice Paola entre lágrimas y le cuesta seguir—. Mi nene más chiquito se despierta a la noche llorando, y eso nadie lo ve. Se llevaron a mi compañero de toda la vida”.

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