Por Emma Tucker y Josh Campbell, CNN

El tiroteo más mortal en la ciudad de Nueva York en los últimos 25 años —en un estado con algunas de las leyes de armas más estrictas del país— está generando preguntas sobre cómo un atacante con antecedentes de problemas de salud mental pudo obtener varias armas de fuego y viajar sin ser detectado por varios estados para perpetrar el ataque.

El atacante que ingresó el lunes a un edificio de oficinas en Midtown Manhattan, armado con un fusil de estilo asalto tipo M4, y abrió fuego, tenía permiso para portar un arma oculta en su estado natal, Nevada, según las autoridades.

También había sido ingresado contra su voluntad en hospitales psiquiátricos en 2022 y 2024, informaron fuentes policiales a CNN. Pero eso no necesariamente le habría impedido obtener su licencia en 2022 o comprar armas de fuego, dependiendo de las circunstancias de esos ingresos, según expertos en leyes de armas.

Shane Devon Tamura, de 27 años y residente de Las Vegas, mató a cuatro personas en el edificio de oficinas 345 Park Avenue e hirió a otra antes de suicidarse, según la Policía.

Si bien expertos en salud pública insisten en que la gran mayoría de las personas con problemas de salud mental no son violentas, aún quedan preguntas sobre los detalles de los ingresos psiquiátricos de Tamura y si estos habrían aparecido en una revisión de antecedentes.

El caso pone de manifiesto la gran brecha en el intercambio de información de salud mental con el Gobierno federal, un problema que se atribuye a la falta de financiamiento para gestionar o exigir dichos datos, así como a cuestiones de privacidad, según Thomas Chittum, exsubdirector adjunto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Tamura tenía “antecedentes documentados de problemas de salud mental”, según la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, además de un encuentro previo con las autoridades.

Tamura fue arrestado y acusado de entrada ilegal, un delito menor, en 2023 en el condado Clark, Nevada, después de negarse a abandonar un casino de Las Vegas tras intentar retirar unos US$ 5.000, según el informe policial. Una base de datos judicial sugiere que la fiscalía decidió no presentar cargos, por lo que el incidente no le habría impedido obtener un arma.

El caso también pone bajo la lupa las ventas privadas de armas.

El arma tipo AR-15 utilizada en el tiroteo fue comprada legalmente el año pasado por el supervisor del atacante en el casino de Las Vegas donde trabajaba, informaron a CNN dos autoridades policiales. Según esas fuentes, el supervisor la ensambló y luego se la vendió a Tamura por US$ 1.400; así lo afirmó en una entrevista con los investigadores y está cooperando con las autoridades.

Todavía no está claro si la venta privada entre Tamura y el supervisor incluyó una revisión de antecedentes.

Sin embargo, el supervisor, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, podría enfrentar problemas legales si la investigación determina que la transferencia del arma se realizó en Nevada y que la venta privada no siguió la ley estatal que exige verificaciones de antecedentes, según Warren Eller, experto en violencia con armas de fuego y profesor asociado del John Jay College of Criminal Justice.

Mientras la policía intenta determinar el motivo del tiroteo, los investigadores profundizan en la historia de Tamura y analizan cómo obtuvo varias armas de fuego y cómo viajó desde Las Vegas hasta Nueva York con el fusil de asalto.

Un registro al auto del atacante reveló una serie de objetos, incluyendo munición adicional, otra arma cargada, auriculares posiblemente utilizados para practicar tiro, dos teléfonos móviles, el antidepresivo Zoloft y cannabis, según dijo una fuente policial a CNN.

Una nota hallada en el bolsillo del atacante afirmaba que padecía encefalopatía traumática crónica (CTE, por sus siglas en inglés), una enfermedad relacionada con traumatismos en la cabeza y que a menudo se asocia con jugadores de fútbol americano, según informó una fuente a CNN. La oficina del médico forense jefe de la ciudad de Nueva York analizará los restos de Tamura para detectar CTE, según confirmó a CNN un portavoz de esa dependencia el martes. La única manera de diagnosticar esta enfermedad es mediante una autopsia cerebral.

En cuanto a los ingresos psiquiátricos, los expertos afirman que es difícil saber, sin conocer los detalles, si se habrían reflejado en una verificación de antecedentes o si habrían impedido que Tamura adquiriera armas. “Si tuviste una retención de 48 horas y fuiste liberado al término de ese periodo, eso no afectaría tu capacidad para poseer armas de fuego según la ley federal”, explicó Chittum.

La mayoría de los estados apenas abordan el tema de la salud mental cuando una persona solicita una licencia de armas, debido a preocupaciones sobre la privacidad y la estigmatización de quienes padecen problemas mentales, indica Eller. Por ejemplo, existe la preocupación de que los soldados que sufren trastorno de estrés postraumático (TEPT) puedan mostrarse reacios a buscar ayuda por temor a que su historial de tratamiento les impida poseer armas de fuego.

“Entre la falta de fondos para asegurar que el sistema de verificación de antecedentes sea efectivo para estos casos y los obstáculos legales de los grupos de defensa que impugnarán esto, queda un largo camino por recorrer”, señaló Eller.

Existen esfuerzos coordinados de grupos de veteranos y organizaciones de defensa, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), para impedir el intercambio de historiales de salud mental con el Centro Nacional de Información Criminal y las fuerzas del orden locales, en quienes la mayoría de los estados se apoya para las verificaciones de antecedentes, según Eller.

“Estos grupos han estado combatiendo esa idea porque padecer una enfermedad mental no significa ser legalmente incompetente ni representa necesariamente un peligro”, agregó.

Sin embargo, en casos donde una persona fue declarada incompetente por un tribunal, enfrentó una orden de restricción, fue internada involuntariamente o se consideró que representaba un peligro para sí misma o para otros debido a una enfermedad mental, el gobierno federal restringe la tenencia de armas, y los estados, en su mayoría, siguen la legislación federal con algunas variaciones, según Chittum.

“Incluso cuando existe una persona con un problema de salud mental que le impide legalmente acceder a armas, la siguiente pregunta es si la verificación de antecedentes lo detecta. Históricamente, los historiales de salud mental han sido de los más difíciles de obtener para el FBI durante las verificaciones”, afirmó Chittum, y añadió que se han realizado esfuerzos legislativos para mejorar la disponibilidad de esos registros.

Mientras los detectives de homicidios de Nueva York intentan reconstruir la secuencia de eventos previos al mortal ataque en Manhattan, la forma en que Tamura obtuvo el rifle M4 de alto poder de un conocido y si se violaron las leyes de verificación de antecedentes de Nevada seguramente serán objeto de análisis.

En Nevada, la venta privada de un arma de fuego entre dos partes requiere una verificación federal de antecedentes antes de completar la transferencia. Ambas personas deben acudir a un comerciante de armas autorizado federalmente, quien realiza la verificación pertinente. Existen excepciones limitadas, como la transferencia de armas entre familiares directos, en cuyo caso este proceso no es necesario.

Si la transacción privada entre Tamura y el supervisor cumplió con la ley y no existen pruebas de que el supervisor supiera de posibles factores descalificantes en el historial de Tamura, incluido el uso previsto del arma, entonces probablemente el vendedor no sea procesado, según Eller y Chittum.

La ley federal no impone ninguna obligación a los vendedores privados de armas de identificar al comprador, realizar verificaciones de antecedentes o conservar un registro de la venta, explicó Chittum.

La ley de Nevada que exige verificaciones de antecedentes para ventas privadas se implementó en enero de 2020, cerrando así el llamado “vacío legal de las ferias de armas” que los defensores del control de armas han criticado durante mucho tiempo como una forma de eludir los controles de antecedentes que pueden detectar antecedentes criminales.

La mayoría de los estados realizan controles de antecedentes mediante distribuidores autorizados a nivel federal que utilizan el Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales (NICS, por sus siglas en inglés) del FBI, mientras que algunos estados como Nevada cuentan con un sistema designado de “punto de contacto” que ofrece acceso a registros estatales de antecedentes penales.

Según la ley federal, una persona sin licencia que compre un arma de fuego directamente a un distribuidor de armas también debe someterse a una verificación de antecedentes; sin embargo, quienes ya tienen un permiso para portar armas ocultas, como era el caso de Tamura, pueden estar exentos porque ya se les habría realizado un control de antecedentes para obtener dicho permiso.

Unas horas después del tiroteo en Manhattan, la línea de Crimestoppers de la Policía de Las Vegas recibió un aviso de un distribuidor autorizado de armas de fuego que recordó haber visto a Tamura intentar comprar un conjunto de gatillo de posventa para un rifle M4 en una feria de armas de Las Vegas en junio, según informó a CNN un alto funcionario policial.

Tamura devolvió el conjunto de gatillo al día siguiente, diciendo que necesitaba el dinero para comprar 500 cartuchos de munición calibre .223, el mismo tipo de munición utilizada en el tiroteo de Nueva York, según el funcionario. El comerciante de armas contó a la Policía que Tamura regresó al día siguiente con fondos adicionales y volvió a comprar el conjunto de gatillo, agregó el funcionario.

El caso de Tamura pone de manifiesto la “zona gris” que existe en la regulación federal y la aplicación de la ley en ventas privadas, cuando las personas compran armas de fuego en efectivo a través de una transacción privada, según Eller.

Debido a que un permiso para portar armas ocultas exime a una persona durante cinco años de realizar una verificación de antecedentes al comprar un arma a un distribuidor autorizado, se crea un “área matizada” en la que alguien podría obtener el permiso, ser condenado posteriormente o tener una restricción por motivos de salud mental, y aún así usar la tarjeta para comprar un arma y evitar el control de antecedentes, según Chittum.

Algunos estados reconocen este problema y de forma rutinaria realizan controles de antecedentes a los titulares de licencias para determinar si la licencia sigue siendo válida, explicó Chittum. Las leyes de “bandera roja”, incluida la de Nevada, buscan evitar que personas que representen un peligro para sí mismas o para otros tengan acceso a armas de fuego.

Pero estas leyes solo son efectivas si la persona presenta señales de advertencia que permitan a otros alertar a las autoridades e iniciar el proceso para revocar su arma de fuego, señaló Chittum. No está claro si Tamura mostró algún indicio que activara la ley de “bandera roja” del estado.

El tipo de arma que usó Tamura para matar a cuatro personas es común en algunos de los tiroteos masivos más mortales del país y ha reavivado los llamados de legisladores progresistas para aumentar la regulación.

“En el estado de Nueva York no se puede comprar una de estas”, dijo el martes a CNN la gobernadora Kathy Hochul, criticando lo que describió como “leyes mucho más laxas en el estado de Nevada que las que tenemos aquí”.

Hochul instó a los legisladores federales a aprobar una prohibición nacional de armas de estilo asalto que limite el acceso a armas de alto poder como el rifle tipo AR-15 utilizado en la masacre del lunes y criticó a sus contrapartes republicanas, a quienes acusó de estar “intimidados por el lobby de las armas”.

“Necesitamos un despertar nacional; la gente debe volver a hablar de esto y no debería suceder solo a raíz de una tragedia como esta”, sostuvo Hochul.

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Mark Morales de CNN contribuyó a este reporte.