Corte anula fallo que obligaba al Gobierno de Trump a brindar el debido proceso a migrantes enviados a prisión salvadoreña
Por Devan Cole, CNN
Un tribunal federal de apelaciones anuló este viernes una orden judicial que obligaba al Gobierno de Trump a brindar a los migrantes trasladados a una conocida megaprisión en El Salvador la oportunidad de impugnar su deportación desde EE.UU. bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El fallo unánime del Tribunal de Apelaciones del Circuito de la ciudad de Washington declaró que, dado que el grupo de migrantes enviados a la prisión, conocida como CECOT, a mediados de marzo ya fue liberado, el cambio de circunstancias “ha superado la justificación” de la orden del juez de distrito estadounidense James Boasberg.
El mes pasado, el grupo de aproximadamente 250 venezolanos que habían estado encarcelados en CECOT fue trasladado de regreso a su país de origen a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses. Sus abogados en el caso ante Boasberg informaron al juez el jueves que, a pesar de haber sido liberados de prisión, “muchos” de ellos desean buscar vías legales para posiblemente regresar a Estados Unidos.
El tribunal de apelaciones reconoció estas posibles vías en su fallo de este viernes, indicando que si algunos de ellos “desean proceder, podrían verse obligados a ajustar sus solicitudes de hábeas corpus y otros pedidos para tener en cuenta este cambio de circunstancias”.
El fallo de Boasberg, emitido en junio, concluyó que los funcionarios estadounidenses habían embarcado “indebidamente” a los migrantes en vuelos a mediados de marzo y los habían enviado a El Salvador sin darles la oportunidad de impugnar su designación como “enemigos extranjeros”, de conformidad con el uso por parte del presidente Donald Trump de la amplia ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
A principios de este año, la Corte Suprema, sin decidir si Trump había invocado correctamente la Ley de Enemigos Extranjeros, dictaminó que los funcionarios deben dar a los migrantes afectados por esta la oportunidad de impugnar su deportación mediante las llamadas peticiones de hábeas corpus.
“Sin esta medida, el Gobierno podría secuestrar a cualquiera, entregarlo a un país extranjero y, en la práctica, impedir cualquier medida correctiva”, escribió entonces Boasberg, juez principal del tribunal de primera instancia en Washington.
El Departamento de Justicia apeló rápidamente su fallo, y el tribunal suspendió su requerimiento mientras revisaba el caso.
La opinión sin firmar del Circuito de Washington fue emitida por un panel de tres jueces, todos nombrados por Trump durante su primer mandato.
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