Informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre derechos humanos reduce y omite abusos en países aliados políticamente
Por Jennifer Hansler y Kylie Atwood, CNN
El Departamento de Estado de EE.UU. publicó este martes una versión reducida de su informe anual destinado a catalogar las preocupaciones sobre derechos humanos en países de todo el mundo.
El informe abarca el año 2024, antes de que el presidente Trump asumiera su segundo mandato, y fuentes dijeron a CNN que fue elaborado en gran parte antes de que iniciara el nuevo Gobierno. Sin embargo, fue sometido a revisiones significativas en los meses posteriores.
Hubo cambios notables entre el informe anterior, publicado en abril de 2024 (que cubría 2023), y el divulgado este martes. En países como El Salvador, cuyos líderes son aliados políticos del Gobierno de Trump, se redujeron las críticas y los detalles sobre denuncias de abusos a los derechos humanos.
En países tradicionalmente aliados como Alemania, Francia y el Reino Unido, el informe más reciente señala un deterioro en la situación de derechos humanos en 2024, destacando “informes creíbles de graves restricciones a la libertad de expresión”. Funcionarios del Gobierno de Trump han criticado a las naciones europeas por retrocesos en la libertad de expresión.
Consultada sobre la percepción de que el Departamento de Estado suavizó los informes para países cercanos al Gobierno, la portavoz del Departamento de Estado Tammy Bruce afirmó: “Obviamente, el presidente Trump ha trabajado con muchos países” y sostuvo que los informes deben verse “como una muestra de nuestro punto de vista general, sin señalar a ningún país para condena o elogio”.
A diferencia de años anteriores, el secretario de Estado, Marco Rubio, no presentó una introducción escrita ni hizo comentarios sobre el informe.
El documento fue despojado de muchas secciones específicas presentes en informes previos, como denuncias de abusos por orientación sexual, violencia contra la mujer, corrupción gubernamental, violencia racial o étnica sistémica o negación de un juicio público justo. Algunos informes nacionales, como el de Afganistán, sí abordan abusos contra los derechos humanos de las mujeres.
“Nos pidieron reducir los informes de derechos humanos al mínimo requerido por ley”, dijo Michael Honigstein, exdirector de Asuntos Africanos en la Oficina de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado. Él y su oficina ayudaron a compilar los informes iniciales.
El propio informe reconoce que fue ajustado, señalando que los informes “fueron simplificados para mayor utilidad y accesibilidad en el terreno y para los socios, y para responder al mandato legislativo subyacente y alinearse con los decretos del Gobierno”.
“Minimizamos la cantidad de datos estadísticos en el informe. En la era de internet, los datos subyacentes están generalmente disponibles”, indica un apéndice del informe más reciente.
“Con el fin de enfocar y simplificar, los informes seleccionan ejemplos ilustrativos de presuntos abusos y, en la mayoría de los casos, solo dan seguimiento a denuncias de alto perfil no resueltas de años anteriores”.
Un alto funcionario del Departamento de Estado aseguró que “la política de Estados Unidos para promover el respeto a los derechos humanos en el mundo, o en cualquier país, no ha cambiado”.
La publicación del informe ocurre tras cambios importantes en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, que albergaba a los equipos que preparan los informes anuales exigidos por el Congreso. Muchos de los empleados que trabajaron en los informes, incluidas las versiones preliminares de los publicados este martes, fueron despedidos el mes pasado. El enfoque de la oficina se ha desplazado a “avanzar la visión afirmativa del Gobierno sobre los valores estadounidenses y occidentales”.
El informe sobre El Salvador, país al que EE.UU. deportó inmigrantes venezolanos a principios de este año, es mucho más breve que el anterior. El nuevo documento afirma que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos” en 2024.
Sin embargo, menciona “varios informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales durante el año” y que algunos sospechosos arrestados por presunta afiliación a pandillas “murieron en prisión antes de ser condenados o cumplir sus sentencias”.
El informe del año anterior —cuatro veces más extenso— describe “violaciones significativas de derechos humanos”. Estas incluían “informes creíbles de: homicidios ilegales o arbitrarios; desaparición forzada; tortura o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias severas y que ponían en peligro la vida; arresto o detención arbitraria; problemas graves con la independencia del poder judicial; injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; violencia de género generalizada, incluyendo violencia doméstica y sexual y feminicidio; barreras sustanciales para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; trata de personas, incluyendo trabajo forzado; y crímenes que implican violencia dirigida contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales”.
Sobre el cambio en el informe de El Salvador, Bruce dijo que no comentaría “país por país” y remitió al propio informe.
El informe sobre Israel incluye una documentación mucho menos exhaustiva de los informes sobre abusos a los derechos humanos, omitiendo cualquier referencia a “significativos problemas de derechos humanos”, como está en el informe de 2023.
El nuevo informe menciona a Hamas y Hezbollah solo en una breve sección sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Sin embargo, el informe del año pasado señalaba denuncias de “abusos relacionados con el conflicto, extensos y en muchos casos sin precedentes” y crímenes de guerra cometidos no solo por Hamas, sino también por Israel, la Yihad Islámica Palestina y otros grupos extremistas palestinos.
No hay referencia a denuncias de tortura de detenidos palestinos por funcionarios israelíes, incluidas en el informe anterior, aunque se menciona que la Agencia de Seguridad de Israel y la policía “usaron métodos violentos de interrogatorio”. Tampoco se menciona el juicio penal al primer ministro Netanyahu por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, que estaban en curso en ese momento.
El informe sobre Afganistán también es más breve, pero describe “problemas significativos de derechos humanos” y “un amplio desprecio por el estado de derecho y la impunidad oficial para quienes cometieron abusos contra los derechos humanos”.
El informe señala un “deterioro significativo en el respeto a los derechos de las mujeres” en 2024 debido a decretos que “prácticamente las excluyeron de los espacios públicos”.
A pesar de estos hallazgos, el Gobierno de Trump intentó poner fin al Estatus de Protección Temporal para afganos en EE.UU., citando “mejoras notables en la seguridad y la economía” en Afganistán.
El informe sobre Rusia, aunque más extenso que otros, es más corto que el del año pasado. Menciona la muerte de Alexey Navalny en una prisión rusa en febrero de 2024, señalando que la prisión “es conocida por sus duras condiciones y presunta tortura”. También cita vastos abusos de derechos humanos dentro de Rusia, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por autoridades gubernamentales. Sin embargo, el informe no incluye una sección completa sobre corrupción, que el informe del año pasado describía como “generalizada en todo el poder ejecutivo”.
El informe también indica que hubo informes creíbles de que fuerzas rusas cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad mientras continuaban su invasión a Ucrania.
“Las fuerzas y funcionarios de Rusia cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo —pero no limitado a— deportar a miles de civiles a Rusia, incluidos niños. El Gobierno operaba un extenso sistema de operaciones de filtración y detención que a veces incluía el uso de trabajo forzado”, dice el informe.
No todos los informes fueron drásticamente modificados con respecto al año pasado.
El informe más reciente sobre China es muy similar. Señala que ocurrieron genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los uigures, en su mayoría musulmanes, y miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Xinjiang, según el informe. También concluye que el Gobierno de China “no tomó medidas creíbles ni acciones para identificar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos” en 2024, lo que refleja las conclusiones del informe del año anterior.
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