Por Molly Reinmann y Julia Vargas Jones, CNN

Un juez federal en San Francisco se mostró poco convencido, tras un juicio de tres días, de que el despliegue continuo de miembros de la Guardia Nacional de California bajo control federal —originalmente enviados a Los Ángeles en respuesta a protestas contra la política migratoria del presidente Donald Trump— sea legal.

El juez de distrito Charles Breyer cuestionó específicamente a los abogados del Departamento de Justicia este miércoles sobre los límites que existen para regular el uso de fuerzas federales para proteger edificios y empleados federales, como alega el Departamento de Justicia en el caso de los casi 300 militares que permanecen en California.

“Una vez que tienes una fuerza en funcionamiento, y tal vez de manera legítima, y la amenaza que dio lugar a que esa fuerza estuviera allí disminuye o deja de ser una preocupación grave, ¿qué pasa entonces?”, preguntó Breyer a un abogado del Departamento de Justicia este miércoles. “¿Cómo se interpreta esta fuerza policial nacional, que sale del lugar de la amenaza y comienza a ejecutar otras leyes?”.

Los comentarios de Breyer se dieron en el último día de un juicio sin jurado sobre el uso de varios miles de miembros de la Guardia Nacional de California después de que Trump los pusiera bajo control federal en junio, en medio de protestas en Los Ángeles.

Breyer no dijo cuándo emitirá su fallo, pero sus comentarios sugieren cierta simpatía por los argumentos del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien demandó a Trump en junio para bloquear el despliegue.

“No es que yo sea insensible al riesgo para los empleados federales”, dijo Breyer, designado por el expresidente Bill Clinton. “Estoy tratando de ver si existen límites, algún límite, al uso de la fuerza federal para mitigar ese riesgo”.

Tras una victoria inicial de Newsom en junio, el caso sufrió un revés cuando un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Trump puede mantener el control de los militares federalizados mientras se resuelve la demanda, considerando que el presidente probablemente actuó legalmente.

Sin embargo, una cuestión central en el caso de Newsom sigue sin resolverse: si los militares han violado la Ley Posse Comitatus —una ley del siglo XIX que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. para tareas de orden interno— en los meses posteriores al despliegue inicial.

El abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, argumentó que no existe un mecanismo ni precedente para impugnar la ley que Trump usó para desplegar a la Guardia Nacional, pero Breyer lo interrumpió: “¿Cuál es la probabilidad de que en Inglaterra en 1776 hubiera una acción, ley o remedio para restringir al rey de Inglaterra?”.

Breyer expresó preocupación de que la lógica del Departamento de Justicia abriría la puerta al despliegue de agentes federales en cualquier lugar donde el presidente “determine que existe alguna amenaza para la seguridad de un agente federal”.

Más tarde, la abogada del estado de California, Meghan Strong, respondió a la pregunta sobre 1776 citando a James Madison.

“Lo que James Madison habría hecho, y de hecho hizo, fue redactar una constitución que asegurara que el presidente nunca pudiera emplear ejércitos permanentes para controlar la vida civil como lo hacía el rey en 1776”, dijo Strong.

“La Ley Posse Comitatus es simplemente la materialización legal de un principio histórico y una política de larga data en nuestro país contra el uso de las fuerzas armadas de la manera en que el Gobierno federal las está usando aquí en Los Ángeles”, agregó.

Desde junio, los militares desplegados han acompañado a agentes federales en operativos migratorios en el área de Los Ángeles y han detenido temporalmente a civiles que intentaron ingresar a zonas restringidas.

Hamilton argumentó que la Guardia Nacional bajo control federal y los infantes de Marina cumplían una “función puramente protectora” en California, algo que no prohíbe la Ley Posse Comitatus.

Sin embargo, Breyer no pareció convencido, y repitió su preocupación sobre los límites de la actividad federal una vez que ya está en marcha.

“¿Qué impide que una fuerza policial nacional, si está debidamente establecida como resultado de ciertos hechos ocurridos el primer día, salga el día 10, el día 20, el día 30, el segundo, el tercer y el cuarto mes a colaborar en la ejecución de otras leyes para otros delitos?”, preguntó el juez. “¿Existe algún factor limitante?”.

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