Por Devon Sayers, CNN

Una audiencia judicial en nombre de los inmigrantes detenidos en el controvertido “Alligator Alcatraz” cuyo objetivo era garantizar que pudieran reunirse con sus abogados finalizó el lunes sin un fallo inmediato del juez.

El juez afirmó que emitiría su fallo lo antes posible.

Los abogados de grupos como ACLU, US Immigration Law Counsel y Florida Keys Immigration presentaron en julio una demanda contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios, alegando que los demandados “impidieron que los detenidos en la instalación tuvieran acceso a asesoría legal” y están evitando que “las personas detenidas por motivos civiles de inmigración en ‘Alligator Alcatraz’ se comuniquen con abogados y presenten mociones ante el tribunal de inmigración que podrían resultar en su liberación.”

La demanda también busca garantizar que haya información actualizada sobre la ubicación de los detenidos en “Alligator Alcatraz”.

“La Constitución de Estados Unidos no permite que el gobierno simplemente encierre a las personas sin ninguna posibilidad de comunicarse con un abogado o de solicitar al tribunal su liberación de la custodia. El gobierno no puede pisotear estas protecciones fundamentales para las personas bajo su custodia”, dijo Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU y abogada principal del caso, en un comunicado de prensa.

El Departamento de Seguridad Nacional ha negado las acusaciones, diciendo a CNN en un comunicado el domingo que “la instalación mantiene un espacio físico para que los abogados se reúnan con sus clientes”, y que los abogados también pueden solicitar hablar con los detenidos que representan por correo electrónico.

En una audiencia el mes pasado, los abogados de la ACLU instaron al juez a avanzar con la demanda lo antes posible, alegando que el personal del centro de detención estaba presionando a los detenidos para que se autodeporten sin pasar por un abogado. La ACLU también recordó al tribunal que ya se habían realizado “vuelos de deportación” desde el lugar.

“El Gobierno ha prohibido las visitas legales en persona, cualquier comunicación confidencial por teléfono o video, y el intercambio confidencial de documentos escritos”, dijo la ACLU en el comunicado sobre la demanda, describiendo varios casos de abogados rechazados tras intentar reunirse con sus clientes.

La audiencia de este lunes en Miami, Florida, fue la más reciente en el caso contra los funcionarios federales y estatales, cuyos abogados han argumentado que las demandas no se presentaron en el distrito federal correcto.

El juez federal Rodolfo Ruiz II, nominado por el presidente Donald Trump, se mostró escéptico ante esos argumentos. El juez también dijo que había “confusión” sobre quién dirige el centro de detención.

Supuestamente, “Alligator Alcatraz” es administrado por el estado de Florida en asociación con agencias locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos bajo un programa federal conocido como 287(g).

En lo profundo de los pantanos de los Everglades de Florida, “Alligator Alcatraz” ha estado envuelto en controversia desde el principio, con informes de cientos de inmigrantes confinados en jaulas con un calor sofocante, infestaciones de insectos y comidas escasas.

“Lo que está ocurriendo en el centro es anómalo por muchas razones, no solo por la forma en que fue construido y dónde está ubicado, sino por la autoridad legal y la confusión sobre quién lo dirige y bajo custodia de quién están las personas”, dijo Cho a CNN. “Estas son cosas que realmente no se han visto en otras instalaciones de detención.”

El estado de Florida ha respondido diciendo que el campamento está en “buen estado de funcionamiento” y que las afirmaciones en contrario son falsas.

Cho explicó que el objetivo de su caso es asegurarse de que se respeten los “derechos constitucionales básicos” de los detenidos, incluido el “derecho básico de poder hablar con sus abogados y el derecho básico de poder solicitar al gobierno su liberación de la custodia.”

Otras supuestas violaciones de los derechos constitucionales incluyen a funcionarios “presionando a los detenidos para que firmen órdenes de salida voluntaria sin la oportunidad de hablar con un abogado”, dijo Cho, y un detenido que fue deportado después de que se cancelara su audiencia de fianza porque los tribunales de inmigración dijeron que no tienen jurisdicción sobre las personas que están detenidas en “Alligator Alcatraz”.

“Estos son derechos constitucionales fundamentales, y el hecho de que esto haya estado ocurriendo durante tanto tiempo ha tenido un gran impacto en las personas que están detenidas en esta instalación”, dijo Cho.

“El ‘Alligator Alcatraz’ no puede terminar siendo un agujero negro donde las personas desaparecen”.

El centro de detención construido apresuradamente está a aproximadamente una hora en auto al oeste de Miami. El campamento temporal está construido sobre una pista de aterrizaje y se compone de remolques reutilizados de FEMA y carpas, rodeados por una cerca.

Esta demanda contra la instalación es una de dos que avanzan en el sistema judicial federal; la otra fue presentada por ambientalistas que demandan para detener las operaciones del centro debido a su proximidad a los humedales que sirven como fuente crucial de agua dulce y potable para el sur de Florida.

El jueves, DeSantis anunció un nuevo centro de detención de inmigrantes llamado “Deportation Depot” en el norte de Florida. La instalación probablemente estará lista en unas dos o tres semanas, dijo Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, y se espera que albergue a unos 1.300 detenidos.

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Con información de Rafael Romo y Maxime Tamsett, de CNN.