El Mayo Zambada se declaró culpable y admitió haber sobornado a funcionarios: ¿sabrán los mexicanos alguna vez a quiénes?
Análisis por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español
Durante décadas, Ismael “el Mayo” Zambada dirigió el Cártel de Sinaloa desde las sombras —nunca fue arrestado y rara vez se le vio en público— pero, según los fisclaes estadounidenses, estuvo al mando de una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo.
La semana pasada, rompió el silencio en una corte de Nueva York: admitió que “personas que trabajaban para él” sobornaron a policías, militares y políticos mexicanos. No dio nombres y —según su abogado— no lo hará. Pero las preguntas quedaron sembradas: ¿quiénes lo protegían? ¿Y qué hará el Gobierno de México con esa declaración?
Las autoridades estadounidenses habían perseguido a Zambada por más de dos décadas, pero nunca fue capturado hasta el año pasado, cuando fue detenido en Texas. Había llegado en un avión privado junto a uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán López. En una carta difundida por su abogado, Zambada aseguró haber sido engañado por Guzmán López, quien según él lo llevó a Estados Unidos bajo falsos pretextos.
Guzmán López se declaró inocente de cargos federales por tráfico de drogas en Chicago. Mientras tanto, el Mayo —de 77 años— se declaró culpable este mes de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua que, según los fiscales, distribuía enormes cantidades de drogas, principalmente a EE.UU. Enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua, con fecha de sentencia programada para el 13 de enero.
Durante su tiempo como uno de los fundadores del cartel, Zambada acumuló una fortuna valorada en más de US$ 15.000 millones, según el decomiso anunciado por el juez Brian Cogan. El mismo que sentenció al otro líder del cartel Joaquín “el Chapo” Guzmán, que enfrenta cadena perpetua desde 2019.
Esa cifra, según los analistas, más que su valor en sí, revela una maquinaria criminal que solo pudo sostenerse durante décadas gracias a una red de protección política y logística. Y ahora, por primera vez, el Mayo lo admite
Aunque el Mayo Zambada solo mencionó sobornos a “militares”, Harfuch incluyó a la Marina en sus comentarios. En el pasado, la Marina ha participado en operaciones contra el narcotráfico, liderando arrestos de alto perfil, como la captura del Chapo en 2016, y operaciones contra líderes de cárteles. Su participación ha posicionado a la Marina como un actor clave en la estrategia de seguridad de México, a menudo vista como más confiable y menos corrupta que otras fuerzas.
Sin embargo, Harfuch dijo que la mayoría de los casos de corrupción han involucrado a policías municipales y estatales. El Gobierno mexicano ha insistido en que el Ejército no está implicado.
En una de las varias acusaciones que existen en Estados Unidos contra Zambada, los fiscales aseguran que el Cártel de Sinaloa coordinaba desde los años noventa el transporte de toneladas de cocaína desde Sudamérica, Centroamérica y México hacia Estados Unidos utilizando rutas terrestres, aéreas y marítimas.
La acusación, presentada hace 16 años ante la corte del Distrito Este de Nueva York, sostiene que los dirigentes de la organización también conocida como “la Federación” —integrada por el Mayo, el Chapo, los hermanos Beltrán Leyva, Nacho Coronel y Jesús Zambada— supuestamente coordinaban las rutas de tráfico, compartían territorios y evitaban la violencia interna, mientras “aseguraban protección política y judicial”.
María Idalia Gómez, periodista especialista en seguridad y narcotráfico, advierte que este tipo de casos suelen seguir una lógica estratégica más que judicial. Zambada, dice, es “un narco a la vieja usanza”, leal al silencio y a los códigos del poder criminal.
“Mandar el mensaje de que no habrá más información parece una forma de aminorar los reflectores”, explica.
El Mayo Zambada, quien admitió haber traficado 1,5 millones de kilos de cocaína desde 1980, es una mina de información. Durante sus años como líder del Cártel de Sinaloa, Zambada evadió con impunidad a seis presidentes, decenas de gobernadores y un número incontable de militares.
“Podrán salir nombres, pero no acusaciones”, sostiene Gómez y señala que habrá que esperar un tiempo para saber cómo es que Estados Unidos utilizará aquello que el capo podría haber revelado. Washington podría utilizar su caso para dosificar información, apuntar contra redes más amplias y construir un expediente que conecte múltiples niveles de complicidad.
“La ecuación de Estados Unidos siempre va en función del beneficio. Si acusar a una persona les representa un beneficio económico o un beneficio de información o es una pieza estratégica por alguna razón dentro de la estructura criminal, lo acusan”, agrega la experta en seguridad.
También señala que podrían comenzar a aparecer nombres a través de otros canales, como la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés).
Aunque Zambada ha admitido que las personas que trabajaban para él pagaron sobornos a policías, militares y políticos mexicanos para que el Cártel de Sinaloa pudiera “operar libremente” en México, los supuestos hechos ocurrieron en su mayoría antes del actual Gobierno. La pregunta es si las autoridades mexicanas —bajo el liderazgo de Sheinbaum— estarán dispuestas a actuar o exigir rendición de cuentas por quienes facilitaron estos acuerdos en Gobiernos anteriores.
Gómez argumenta que, si bien Estados Unidos probablemente no busca desestabilizar directamente al Gobierno de Sheinbaum, sí apuntará a individuos considerados “especialmente peligrosos” por sus lazos profundos con redes criminales y políticas.
“Hasta ahora, su enfoque ha sido mantener la estabilidad y solo detener estas alianzas cuando amenazan sus intereses. Creo que Sheinbaum realmente quiere limpiar la política mexicana, pero todavía hay un profundo desconocimiento de estas redes de poder criminal dentro de la política y la economía mexicana de su parte, porque no ha tomado el control político”, señala Gómez.
Eso no significa, dice la experta, que otros estarán protegidos. “Probablemente veremos a subsecretarios, gobernadores, alcaldes, exgobernadores de estados fronterizos y legisladores afectados”, dice Gómez. “No necesariamente para dañar al actual Gobierno, sino para desmantelar redes de protección arraigadas”, agrega.
Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), dijo que la estrategia seguida con Zambada es la misma que se aplicó en el caso de Genaro García Luna, que demostró que la corrupción en la guerra contra el narcotráfico llegaba a los niveles más altos del Gobierno.
“Fuimos tras los tomadores de decisiones, los financieros, los asesinos, que han dirigido la violencia con una sola llamada”, dijo Cole en una conferencia de prensa después de la audiencia en la que el Mayo se declaró culpable.
Las declaraciones de Cole podrían estar marcando el rumbo de lo que viene. El caso del Mayo Zambada podría no terminar con su culpabilidad, sino que podría ser el inicio de una ofensiva más profunda. La información que posee —y que Estados Unidos decida liberar bajo sus propios términos— podría trazar el mapa de las redes de protección que permitieron al Cártel de Sinaloa crecer durante décadas.
La declaración de culpabilidad del capo fue calificada por las autoridades estadounidenses como una victoria sin precedentes.
“Seguiremos luchando hasta que cada jefe de cártel esté tras las rejas, en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses por el resto de sus vidas”, advirtió Pam Bondi, secretaria de Justicia de Estados Unidos.
“Si es verdad que consiguieron estos acuerdos tan de buen nivel, van a obtener lo que han deseado desde hace mucho tiempo: mucha información sobre las redes de protección”, dice Gómez.
Y eso no solo de México. Las redes de complicidad señaladas por los fiscales en la acusación de 2009 se extienden también hacia Centroamérica, Sudamérica e incluso Europa.
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