Por Devan Cole, CNN

Los abogados de Kilmar Ábrego García solicitan al juez federal que supervisa su caso penal que desestime los cargos de tráfico de personas que enfrenta, argumentando que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo seleccionó para enjuiciarlo después de que él impugnó su deportación indebida a El Salvador a principios de este año.

La solicitud, presentada este martes ante el juez de distrito Waverly Crenshaw en Nashville, se produce pocos días antes de que se espere que Ábrego García sea liberado de la custodia penal mientras espera su juicio por los cargos federales.

El escrito de 35 páginas dirigido a Crenshaw acusa al Gobierno de Donald Trump de iniciar el proceso penal como represalia por la prolongada batalla legal de Ábrego García contra su deportación en marzo. El padre de tres hijos, residente en Maryland, fue deportado en violación de una orden judicial previa que prohibía expresamente su expulsión a El Salvador.

“El señor Ábrego respondió a la conducta ilegal del Gobierno presentando una demanda. En lugar de corregir su error y devolverlo a Estados Unidos, el Gobierno luchó en todos los niveles del sistema judicial federal”, escribieron sus abogados. “Y en todos los niveles, Ábrego ganó. Este caso es el resultado del esfuerzo del Gobierno por castigarlo por atreverse a defenderse en vez de aceptar una injusticia”.

Los abogados piden a Crenshaw, designado por el expresidente Barack Obama, que desestime los dos cargos penales presentados este año, argumentando que Ábrego es víctima de “acusación selectiva o vengativa”.

“Estas mociones son poco frecuentes y rara vez prosperan. Pero si alguna vez ha habido un caso para desestimar por estos motivos, es este. El Gobierno intenta usar este caso —y este tribunal— para castigar al señor Ábrego por haber impugnado con éxito su expulsión ilegal. Eso constituye una violación constitucional fundamental”, escribieron en los documentos judiciales. “La acusación debe ser desestimada”.

El escrito cita declaraciones de funcionarios del Gobierno —desde Trump hasta la secretaria de Justicia, Pam Bondi— para argumentar que el proceso penal busca justificar “afirmaciones falsas de que deportarlo a El Salvador fue lo correcto”.

También señala que la detención de tránsito que es el centro del caso ocurrió años antes, lo que, hecho que sus abogados alegan, “es suficiente para establecer un efecto discriminatorio”.

“En total, el Gobierno tardó 903 días desde la detención de tránsito en este caso —el 30 de noviembre de 2022— para presentar una acusación formal el 21 de mayo de 2025”, escribieron, agregando que no encontraron ningún caso similar en el circuito federal que revisa apelaciones de Tennessee y otros estados.

El juicio de Ábrego García está programado para enero de 2026.

El mes pasado, Crenshaw rechazó revocar la decisión de otra jueza que permitió que Ábrego García permaneciera en libertad mientras espera el juicio. Sin embargo, ha permanecido detenido porque la jueza magistrada suspendió su orden de liberación por un mes. Se espera que esa suspensión termine esta semana.

Mientras tanto, la jueza federal en Maryland que supervisa el caso presentado por Ábrego García y su familia para asegurar su regreso a Estados Unidos desde El Salvador ha prohibido que el Gobierno lo deporte nuevamente de forma expedita una vez que sea liberado de la custodia penal.

Esa decisión de la jueza de distrito Paula Xinis, también designada por Obama, busca dos cosas: restituir a Ábrego García a la situación migratoria en la que se encontraba antes de su deportación en marzo y garantizar que no se violen nuevamente sus derechos al debido proceso si las autoridades intentan expulsarlo de Estados Unidos por segunda vez.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.