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La pesadilla de Kilmar Ábrego García comenzó en marzo pasado, cuando fue deportado por un “error administrativo” a El Salvador y encarcelado en una prisión de máxima seguridad del país. Su caso fue motivo de una prolongada batalla política y legal del Gobierno de Donald Trump contra los jueces que por meses exigieron que fuera devuelto a Estados Unidos, algo que sucedió en junio.

Desde entonces, el hombre salvadoreño estuvo tras las rejas en Tennessee, donde enfrentaba cargos penales. Este viernes, fue finalmente liberado de custodia en espera de un juicio.

Esta es una recapitulación de su historia.

Kilmar Ábrego García, de 29 años, nació en El Salvador y vivió su niñez y parte de su adolescencia en la capital, San Salvador. Su padre era agente de policía y su madre vendía pupusas, el platillo emblemático del país. Según documentos judiciales, toda la familia manejaba el negocio de comida típica. Ábrego García se dedicaba a comprar los ingredientes y hacer las entregas.

Según relataron sus abogados, una pandilla local, Barrio 18, comenzó a extorsionar y a amenazar a la familia por “dinero de renta”.

Ábrego García era vigilado y presionado y las amenazas se volvieron tan intensas, según reconstruyen los documentos judiciales que, cuando tenía 16 años, su familia decidió enviarlo a EE.UU.

Llegó en 2011 y comenzó a trabajar en la construcción en Maryland. Años más tarde conoció a Jennifer Vásquez Sura, con quien se casó en 2019 y tuvo tres hijos con discapacidades.

Según documentos judiciales, Ábrego García fue detenido en 2018 por policías en Maryland cuando estaba fuera de un Home Depot junto a otros hombres por considerar que era miembro de una pandilla porque “llevaba una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con capucha” y “un informante confidencial dijo que era un miembro activo de la MS-13”.

Su abogado rechazó las acusaciones y mientras estaba detenido, Ábrego García solicitó asilo, pero un juez de inmigración se lo negó. Sin embargo, le otorgó protección contra ser deportado de regreso a El Salvador debido a un “miedo bien fundado” de persecución de pandillas, según su caso. Tras esa decisión, el hombre fue liberado.

Ábrego García vivía con su esposa y sus hijos bajo dicho estatus legal protegido en Maryland hasta que fue detenido el 12 de marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afuera de un negocio en Baltimore, cuando estaba con uno de sus hijos.

Una vez detenido, el salvadoreño fue cuestionado sobre la MS-13. Su esposa dijo que él repitió varias veces que no era miembro de una pandilla.

Tres días después de la detención y a pesar de la orden de protección, fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la temida cárcel de máxima seguridad de El Salvador.

El 24 de marzo, una firma de abogados presentó una demanda en representación de Ábrego y su familia en contra de varios funcionarios del Gobierno federal. Siete días después, el Gobierno de Trump admitió en un documento judicial que la deportación fue “un error administrativo”.

Aún así, la negativa a regresarlo a Estados Unidos era firme, incluso el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que no lo enviaría de vuelta a Estados Unidos.

La familia del salvadoreño exigió al Gobierno de Trump que lo llevara de vuelta al país y la jueza Paula Xinis, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Maryland, ordenó a la administración de Trump el regreso de Ábrego García, fijando el 7 de abril como fecha límite, pero la Corte Suprema suspendió el plazo.

Días después, el máximo tribunal dictaminó al Gobierno federal “facilitar” el regreso de Ábrego García, pero no lo llegó a exigir.

En abril, Trump reconoció en una entrevista con ABC News que podía lograr el regreso de Ábrego García, contradiciendo sus propias declaraciones y de sus principales asesores, quienes dijeron que Estados Unidos no tenía la capacidad de devolverlo porque se encontraba bajo custodia de un Gobierno extranjero.

El presidente continuó acusando al padre de Maryland de ser miembro de la MS-13, señalando sus tatuajes, que, según los expertos, no constituyen por sí mismos una prueba de que sea miembro de una pandilla.

Y pocos días después, la Casa Blanca y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dejaron claro durante una reunión en el Despacho Oval que Ábrego García no sería devuelto a Estados Unidos.

Legisladores demócratas criticaron el manejo del caso por parte del Gobierno de Trump y pidieron su regreso.

En su empeño por criminalizarlo, el Gobierno publicó una orden de protección que su esposa presentó en 2021 en su contra alegando violencia doméstica, la cual posteriormente decidió no proseguir tras decir que la pareja había resuelto sus problemas.

Y autoridades estatales de Tennessee publicaron un video de un control de tráfico en 2022 que muestra a Ábrego García siendo detenido por exceso de velocidad. En el vehículo viajaban otras personas que, según las autoridades, confirmaban que era miembro de la MS-13 y estaba involucrado en la trata de personas. Sin embargo, no fue detenido durante la parada y no se presentaron cargos.

Kilmar Ábrego García fue trasladado del Cecot a otro centro de detención con “condiciones mejores”, según el senador demócrata de Maryland Chris Van Hollen quien, en abril, se visitó en El Salvador a Ábrego García como parte del esfuerzo por impulsar su liberación.

Casi tres meses después de su deportación, la Casa Blanca aprobó la decisión de devolver a Ábrego García a EE.UU. para enfrentar cargos penales. El 6 de junio, fue devuelto a Tennessee y encarcelado por cargos federales.

El hombre fue acusado formalmente de dos delitos en el Distrito Medio de Tennessee: conspiración para transportar ilegalmente a inmigrantes indocumentados con fines de lucro y transporte ilegal de inmigrantes indocumentados con fines de lucro.

La acusación detalla cómo, a lo largo de los años, Ábrego García y otros trasladaron inmigrantes indocumentados entre Texas, Maryland y otros estados en más de 100 ocasiones.

Desde entonces, los fiscales federales hicieron amplios esfuerzos por mantener a Ábrego García tras las rejas mientras esperaba su juicio, programado en enero; sin embargo, un juez magistrado en Nashville y el juez federal a cargo rechazaron que el hombre fuera un “peligro” para otros.

“Las declaraciones generales del Gobierno sobre los delitos imputados a Ábrego, y la evidencia que tiene para respaldar esos delitos, no prueban la peligrosidad de Ábrego”, escribió el juez de distrito de EE.UU., Waverly Crenshaw en una decisión de 37 páginas el mes pasado, al rechazar una solicitud de los fiscales para revertir un fallo similar del juez magistrado.

Justo después de que Crenshaw emitiera su fallo, la jueza magistrada Barbara Holmes dijo en otro fallo que Ábrego García permanecería tras las rejas al menos 30 días más, concediendo una solicitud no impugnada de sus abogados para que permaneciera bajo custodia penal. Los abogados de Ábrego García habían hecho la solicitud para asegurarse de que no se iniciaran procedimientos de deportación apresurados una vez que fuera liberado de la custodia.

A principios de esta semana, Ábrego García intentó que se desestimara el caso de tráfico de personas, basándose en su afirmación de que es objeto de una “acusación vengativa y selectiva” como castigo por su decisión de impugnar su deportación injusta.

Finalmente, el padre de Maryland fue liberado de custodia criminal en Tennessee este viernes, aunque su destino inmediato sigue siendo incierto.

Funcionarios de la administración han vacilado este verano sobre si lo deportarían antes de que su juicio penal esté programado para comenzar en enero. Esa vacilación llevó a un juez federal en Maryland a establecer límites el mes pasado para asegurar que Ábrego García no sea deportado apresuradamente de nuevo.

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Con información de Devan Cole, Chris Youd, Katelyn Polantz, Priscilla Alvarez y Kaanita Iyer, de CNN.