Por Djenane Villanueva

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, compareció este viernes ante la comisión encargada de rendir un informe a la Asamblea legislativa, para que éste decida si se levanta o no su inmunidad y pueda ser juzgado por presunta concusión o abuso de funciones.

Según la Corte Suprema de Justicia, es la primera vez que un presidente de Costa Rica en ejercicio enfrenta una petición de desafuero, por lo menos desde la constitución de 1949. La solicitud la aprobó la Corte el 1 de julio pasado.

La acusación la hizo la fiscalía el 7 de abril, luego de asegurar que investigó la contratación, aparentemente a la medida, de contratos de consultorías en la presidencia relacionados con comunicación estratégica, mercadeo y análisis de tendencias de opinión.

En la comparecencia de este viernes, a la que asistió CNN, el presidente Chaves rechazó las acusaciones, y dijo que “es imposible el delito de concusión” y que era “una trama vergonzosa”, señalando al fiscal Carlo Díaz.

“Para terminar esta contextualización política de Carlo Díaz, la Sala Tercera, y algunos otros que en mi opinión trabajan en esta Asamblea, les voy a decir que mi voz no se va a callar. No se va callar hoy, no se va a callar hasta que yo me muera o hasta que hayamos rescatado la dignidad de mi amada patria”, expresó el mandatario.

El fiscal Díaz fue el primero en comparecer el 8 de agosto pasado ante la comisión. El jefe del ministerio público dijo que no podía referirse al fondo de la acusación, pero que hay suficiente prueba documental y testimonial.

En una entrevista con Conclusiones de CNN, aseguró que por esta razón la Corte aprobó enviar la solicitud de levantamiento de inmunidad al Congreso.

“Este proceso tiene varios filtros, el primero la Corte Plena que analiza la situación, las probanzas y lo que sustentamos en la acusación y la Corte no lo desestimó, esa acusación decidió ser trasladada”, enfatizó el funcionario.

Finalizada la comparecencia, el diputado oficialista miembro de la comisión, Daniel Vargas, destacó que la acusación podría reflejar “un disgusto de algunos sectores tratando de formar una causa donde no necesariamente existe”. El diputado agregó que los argumentos que plantea la defensa del presidente son “absolutamente pertinentes, que hay que revisarlos en detalle y ver si se encuentra formación de causa o no”.

Rocío Alfaro, del izquierdista Partido Frente Amplio, parte también de la comisión, señaló que hay elementos de la comparecencia que aportan claridad al caso y que el presidente Chaves no contestó todo. “Es muy importante su participación. Hubo algunos temas que él no contesta, que son parte fundamental, la columna vertebral del expediente que nosotros tenemos, eso nos permite tener una visión”, señaló la diputada.

Según Alfaro y Vargas, el plazo para entregar el informe al plenario vence este 28 de agosto, pero ambos dijeron a CNN que la comisión solicitará una prórroga de menos de 20 días, que es el límite máximo que contempla el procedimiento legislativo.

Ambos legisladores explicaron que el informe no es vinculante, sino una recomendación y que pueden ser varios, si la comisión, formada por tres diputados, no llega a una decisión unánime. Si la solicitud de inmunidad se rechaza el caso puede seguir, porque la inmunidad solo cubre el período del presidente Chaves en el cargo. Al finalizar su mandato, puede ser procesado como un ciudadano común.

La petición de levantamiento de inmunidad también es contra el ministro de Cultura, quien al momento del contrato en cuestión se desempeñaba como jefe de despacho del presidente Chaves. Su comparecencia está programada para el martes.

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