Por Andy Rose

Cuando se supo en el departamento de policía de un pequeño pueblo turístico de Maine que uno de sus oficiales de reserva estaba trabajando ilegalmente en EE.UU., el Departamento de Seguridad Nacional se aseguró de que el caso apareciera en las primeras planas.

“El hecho de que un departamento de policía haya contratado a un extranjero ilegal y le haya entregado ilegalmente un arma de fuego sería cómico si no fuera tan trágico”, dijo un funcionario de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

ICE acusó al departamento de “violar conscientemente la misma ley que se le encarga hacer cumplir”, pero la ciudad dijo que la falla estaba en el programa de verificación federal que utilizó para confirmar que a Jon Luke Evans —quien desde entonces aceptó abandonar el país voluntariamente después de apenas un mes en el trabajo— tenía permiso para trabajar.

“Seguiremos confiando en el formulario de verificación de elegibilidad de empleo I-9 y la base de datos del sistema de verificación para confirmar la elegibilidad de empleo”, dijo en ese momento la jefa de policía de Old Orchard Beach, Elise Chard.

Pero el Gobierno de Trump dijo que la luz verde de verificación no era suficiente.

“La confianza imprudente del Departamento de Policía de Old Orchard Beach en el sistema de verificación electrónica para justificar armar a un extranjero ilegal, Jon Luke Evans, viola la ley federal y no los absuelve de su fracaso en realizar verificaciones de antecedentes básicas para verificar el estatus legal”, dijo la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

La declaración de la agencia del gobierno federal encargada del sistema de verificación llamado E-Verify, en la que afirma que es “imprudente” confiar en su propio sistema, atrajo la atención a las debilidades del programa, incluso cuando el Gobierno de Trump hace de la expulsión de trabajadores indocumentados del país una de las principales prioridades en su agresiva y continua ofensiva contra la inmigración.

“Me sorprendió muchísimo”, dijo Alexandra LaCombe, socia del bufete Fisher Phillips y especialista en derecho migratorio. “Yo les digo a todos que se puede confiar en estos sistemas. Para eso existen”.

Tras iniciarse como programa piloto bajo la presidencia de Bill Clinton, E-Verify se extendió a nivel nacional en 2004 y recibió su nombre cuando el presidente George W. Bush aún impulsaba una reforma migratoria integral. El Gobierno ayudaría con esto a los empleadores a que las verificaciones de antecedentes migratorios de los solicitantes de empleo sean más fiables, afirmó.

“No podemos pedir a nuestros empleadores que verifiquen a alguien aquí a menos que los ayudemos”, dijo Bush en una mesa redonda con líderes empresariales.

Si bien la reforma migratoria integral se vino abajo por el fuerte rechazo de los conservadores, el programa de verificación fue una de las medidas que se mantuvo vigente.

En 2008, Bush emitió una orden para que las verificaciones de inmigración con E-Verify fueran un requisito para los contratistas del gobierno federal.

Desde entonces, diez estados la han hecho obligatoria para todos o la mayoría de los empleadores, según Equifax, pero sigue siendo opcional para la mayoría de las empresas privadas estadounidenses.

Los últimos comentarios del Gobierno de Trump sobre E-Verify son marcadamente diferentes de lo que el DHS todavía dice en su propio sitio web.

“E-Verify funciona con rapidez y precisión”, afirma el sitio.

“E-Verify es el único servicio en línea gratuito y rápido de su tipo que confirma electrónicamente la información de un empleado comparándola con millones de registros gubernamentales y brinda resultados en tan solo tres a cinco segundos”, añade el texto.

Los empleadores han confiado en que los ayudaba a cumplir con las leyes de inmigración.

“El sistema no es 100 % infalible”, dijo LaCombe. “No elimina todo posible fraude, identificaciones falsas y cosas por el estilo, pero el empleador debería tener la seguridad de creer sin reservas en la palabra del gobierno de que la persona está autorizada para trabajar”.

El jefe de policía de Old Orchard Beach no es el único que descubrió que el sistema de verificación del gobierno no ofrece garantías. Cuando agentes federales realizaron una redada de alto perfil en una planta empacadora de carne en Nebraska a principios de este verano, la empresa propietaria también protestó por el uso de E-Verify.

“Este es su sistema, administrado por el gobierno. ¿Y me atacan a mí porque su sistema no funciona?”, dijo Chad Hartmann, presidente de Glen Valley Foods.

Incluso algunas personas que han sido críticas del sistema de verificación se sorprendieron de que el Gobierno ahora parezca repudiarlo.

“Me impactó oír al gobierno federal admitir que E-Verify no funciona lo suficientemente bien como para confiar en él”, dijo Alex Nowrasteh, vicepresidente de estudios de política económica y social del Cato Institute, un centro de estudios libertario. “Es la primera vez que oigo a empleados federales admitir que su programa es una pérdida de tiempo para todos”.

Los críticos de E-Verify se han quejado durante años de que el sistema es más un obstáculo para los trabajadores legítimos que un elemento disuasorio para la inmigración ilegal.

“Es muy fácil engañar a E-Verify. Es muy sencillo”, dijo Nowrasteh. “Solo hay que darle los documentos de identidad de alguien que pueda trabajar. Eso es todo”.

Eso significa que los empleadores deben hacer más que simplemente ingresar información en la base de datos de E-Verify y cruzar los dedos, según un abogado de inmigración que dice que las empresas necesitan recibir capacitación sobre cómo detectar licencias de conducir y tarjetas de Seguro Social falsas.

“Es trabajo del empleador asegurarse de no aceptar documentos fraudulentos, pero no se espera que sean detectives de documentos”, dijo Dawn Lurie, asesora principal en derecho migratorio de Seyfarth Shaw LLP.

Los empleadores deben tener cuidado de no sospechar de un solicitante de empleo sin una buena razón. “No conviene excederse y potencialmente discriminar a alguien al pedir más documentos o documentos diferentes”, dijo Lurie.

Los problemas con E-Verify van más allá de no poder detectar a personas que no son elegibles para trabajar en EE.UU.

Más del 98 % de las personas verificadas por E-Verify durante los últimos 12 meses con datos disponibles fueron confirmadas como elegibles para trabajar en 24 horas, según el DHS. Sin embargo, con más de 43 millones de verificaciones realizadas ese año, un pequeño error puede afectar a muchas personas.

Los trabajadores elegibles en EE.UU. perdieron alrededor de 130.000 empleos en un período de 10 años porque fueron marcados incorrectamente por E-Verify, según un estudio de Cato de 2017 basado en estimaciones de datos del Gobierno.

Según Lurie, los falsos positivos han disminuido considerablemente desde entonces. “Diría que E-Verify ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años”, afirmó. “Es como la noche y el día”.

Pero sería imposible mejorar sustancialmente el programa ahora sin un documento de identidad nacional con información biométrica para comprobar el estatus legal, argumenta Nowrasteh, algo que cree que nadie quiere realmente.

“Lo que se darán cuenta muy pronto, y lo que todo el mundo se está dando cuenta, es que es una tarea inútil”, dijo. “Es demasiado caro. Es demasiado difícil. Es demasiado invasivo”.

A pesar de las persistentes preocupaciones sobre la fiabilidad del programa, algunos congresistas desean un uso más amplio de E-Verify. El sistema debe renovarse cada dos años, pero los republicanos han propuesto reiteradamente que el programa sea permanente y que todos los empleadores lo utilicen.

“E-Verify es una forma comprobada y rentable de garantizar que las empresas cumplan con nuestras leyes y una herramienta para disuadir la inmigración ilegal”, declaró la senadora republicana Joni Ernst de Iowa cuando se presentó la última versión de la propuesta en marzo. Sin embargo, a pesar de la dura retórica migratoria de la mayoría republicana, dicho proyecto de ley aún no ha sido debatido en el Senado.

Proyectos de ley similares en Texas —un estado cuyo gobernador, Greg Abbott, ha hecho de la inmigración ilegal un tema tan fundamental que ordenó colocar barricadas cubiertas con hojas de sierra en el río Grande para disuadir los cruces fronterizos— han quedado en la nada en múltiples sesiones de la legislatura.

A pesar de que el sistema pretende ser fácil de utilizar para las empresas, el exdirector ejecutivo de la Asociación de Negocios de Texas dijo a The Texas Tribune este verano que los líderes empresariales no quieren que se reduzca la fuerza laboral disponible.

“¿Quieres ir a un restaurante y usar platos de papel porque nadie lava los platos?”, preguntó Bill Hammond.

Una encuesta de CNN a principios de este verano mostró que el porcentaje de personas que creen que la campaña de deportación de Trump han ido “demasiado lejos” aumentó en 10 puntos en cinco meses.

Nowrasteh, quien se opone a la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, no le preocupa que E-Verify tenga problemas. Cree que los inmigrantes indocumentados que no cometen delitos, en general, benefician a Estados Unidos.

“Lo mejor de E-Verify es que no funciona bien”, dijo. “Si funcionara, sería devastador para nuestra economía”.

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