Por Dan Berman, CNN

Una jueza federal bloqueó este viernes un esfuerzo de la administración Trump que pretende acelerar las deportaciones de inmigrantes detenidos en las calles de Estados Unidos, calificándolo de violación del debido proceso.

A diferencia de los indocumentados interceptados en la frontera o cerca de ella, que anteriormente habían sido objeto de una expulsión acelerada, las personas a las que ahora apunta la administración “han ingresado al país hace mucho tiempo”, escribió la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Jia Cobb.

“Eso significa que tienen un gran interés en permanecer aquí y, por lo tanto, se les debe conceder el debido proceso en virtud de la Quinta Enmienda”, dijo Cobb, quien fue nominada para el tribunal federal en Washington por el expresidente Joe Biden.

La iniciativa para acelerar las deportaciones se implementó en los primeros días del segundo mandato del presidente Donald Trump, ampliando una política del Departamento de Seguridad Nacional que previamente había limitado la expulsión acelerada a los inmigrantes detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera estadounidense y que llevaran menos de dos semanas en el país.

Cobb se mostró particularmente descontenta con la idea de que el gobierno considerara que ninguno de los migrantes debía gozar del debido proceso.

“Al defender este proceso tan limitado, el Gobierno presenta un argumento verdaderamente sorprendente: quienes ingresaron al país ilegalmente no tienen derecho a ningún proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que el Congreso les conceda”, añadió Cobb. “Si eso fuera cierto, no solo los no ciudadanos, sino todos estarían en riesgo. El Gobierno podría acusar a cualquiera de entrar ilegalmente, relegarlos a un procedimiento mínimo donde se ‘probaría’ su entrada ilegal, y luego expulsarlos inmediatamente”.

“Con solo acusar a alguien de entrar ilegalmente, el Gobierno le privaría de cualquier oportunidad significativa de refutar sus acusaciones”, explicó la jueza. “Afortunadamente, eso no está contemplado en la ley”.

Make the Road New York, el grupo de defensa de los inmigrantes que impugna esta política, argumentó en una audiencia el mes pasado que ya se está utilizando para arrestar a personas en tribunales de inmigración y deportarlas sin una audiencia, lo que viola su derecho constitucional al debido proceso.

El grupo afirma que la ley es ambigua y que el DHS se está extralimitando en su autoridad al usarla para detener a indocumentados que intentan activamente cumplir con el proceso legal.

Mientras tanto, el Gobierno instó al tribunal a permitir que la política entrara en vigor, argumentando que se trata de un ejercicio legal de la autoridad ejecutiva destinado a agilizar su aplicación y reducir los atrasos judiciales.

“La Corte no pone en duda la constitucionalidad de la ley de deportación acelerada ni su aplicación prolongada en la frontera”, declaró Cobb en su fallo de este viernes.
“Simplemente sostiene que, al aplicar la ley a un gran grupo de personas que viven en el interior del país y que no han sido previamente objeto de deportación acelerada, el Gobierno debe garantizarles el debido proceso. Los procedimientos vigentes son insuficientes”.

Por otra parte, a principios de este mes, Cobb suspendió la aplicación de una norma de Trump para acelerar la deportación de inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos a través de programas de libertad condicional humanitaria, conocido como parole.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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Angélica Franganillo Díaz de CNN contribuyó a este informe.